A pesar de los esfuerzos del gobierno por contener los precios, la inflación en Argentina ha mostrado una resistencia notable a descender, marcando un 2,5% en noviembre, la cifra más alta registrada desde abril. Este incremento sostenido, que se ha observado desde mediados de año, expone la dificultad de la administración actual para cumplir con la meta de mantener el aumento de precios por debajo del 1% mensual. Los datos del INDEC, si bien pueden presentar distorsiones, reflejan una tendencia ascendente: 1,5% en mayo, 1,6% en junio, y 1,9% en julio y agosto, antes de superar el 2% en septiembre y alcanzar el 2,5% en noviembre.
Los sectores que más han contribuido a esta escalada son vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,4%, seguidos por transporte con un 3% y alimentos y bebidas no alcohólicas con un 2,8%. El impacto de estos aumentos en los sectores de menores ingresos es particularmente preocupante, ya que la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, experimentó un salto del 4,1%, el mayor incremento desde marzo. Este encarecimiento de los productos esenciales para la subsistencia, que supera el promedio general de inflación, genera una presión adicional sobre los bolsillos más vulnerables.
La aceleración de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, al 2,6% mensual, frente a un promedio del 2,1% en los tres meses previos, es una señal alarmante de que el proceso inflacionario subyacente se está fortaleciendo. Economistas como Florencia Iragui de LCG advierten que la combinación de la suba de precios regulados (tarifas de servicios y transporte) con la inflación núcleo intensificará el alza mensual, especialmente ante la posibilidad de ajustes tarifarios adicionales. Expertos como Hernán Letcher, director del CEPA, señalan que, a contramano de las explicaciones oficiales centradas en la política monetaria, el gobierno estaría manteniendo «anclas» inflacionarias ligadas a costos y demanda, como el tipo de cambio y la caída del poder adquisitivo de los salarios.
La situación actual presenta similitudes con el escenario chileno de fines de los setenta bajo la política de los Chicago Boys. En ambos casos, se implementaron programas ortodoxos que subestimaron la inercia inflacionaria y las particularidades socioeconómicas de cada país. En Chile, la economía indexada, los precios relativos desalineados y un tipo de cambio fijo generaron una ilusión de estabilidad que culminó en una crisis en 1982. Argentina, al igual que Chile en ese entonces, enfrenta rigideces estructurales que impiden una desinflación sostenida, a pesar de una contracción monetaria significativa y un ajuste fiscal sin precedentes, manteniendo la inflación en niveles elevados en un contexto de recesión y caída del poder adquisitivo.