La reciente aprobación de la ley de Ficha Limpia en Río Negro ha generado un debate sobre su alcance real y efectividad. Si bien el gobierno provincial la promociona como la más rigurosa de Argentina, su implementación completa se posterga hasta las elecciones de 2027, lo que deja un margen considerable para aquellos políticos con causas penales pendientes. La normativa, que prohíbe la postulación de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, ha puesto bajo la lupa a varios funcionarios, incluyendo a legisladores nacionales con causas abiertas.
La ley rionegrina, a diferencia de la propuesta a nivel nacional, es más exigente al extender la prohibición a condenados por cualquier delito doloso, común o federal. Esta restricción se mantendrá vigente durante el tiempo de la condena y se extenderá por 25 años adicionales para delitos contra la administración pública y 10 años para el resto. Sin embargo, la demora en su aplicación total plantea interrogantes sobre su impacto inmediato, especialmente en figuras políticas con investigaciones en curso.
Los nombres más destacados por su abierta carrera por una Senaduría Nacional se encuentran los del diputado nacional Aníbal Tortoriello y la diputada Lorena Villaverde, ambos con causas penales abiertas. En el caso de Villaverde, ha sido objeto de acusaciones que van desde su supuesta implicación en causas de narcotráfico en el Estado de Florida, Estados Unidos, hasta denuncias por estafas en su localidad y un escándalo por afiliaciones fraudulentas en La Libertad Avanza que se solucionó al presentar nuevas afiliaciones para reemplazar las que la justicia consideraba no válidas. Además, enfrenta una nueva demanda civil por incumplimiento de contrato en la venta de lotes en Las Grutas y recientemente en Bahía Blanca por el mismo motivo, sumándose a otras tres denuncias similares presentadas el año pasado, dos de las cuales se resolvieron mediante acuerdos económicos. Si bien fue absuelta de una denuncia por administración fraudulenta relacionada con un sorteo del Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas, las otras causas abiertas no complicarían su futuro político inmediato ya que la ley no se aplicará en su totalidad de manera inmediata y además no cuentan con condena aún, por lo que podría quedar al margen de la ley Ficha Limpia como mínimo hasta el 2027.
La situación de Tortoriello, involucrado en la causa Techo Digno junto a otros ex intendentes, también genera incertidumbre. En esta causa, se los investiga por los delitos de malversación de fondos y peculado en la construcción de viviendas sociales, que conlleva una pena de entre 2 y 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque la fiscalía anticipó que solicitará una pena máxima de 4 años, la inhabilitación podría truncar su carrera política. Se espera que la Justicia defina pronto la fecha del juicio. Al igual que otros ex intendentes en la misma causa, Tortoriello ha intentado sin éxito que la causa se traslade al fuero federal, argumentando que involucra fondos nacionales.
Aunque la ley no se aplicará plenamente hasta 2027, la existencia de procesos judiciales en curso podría afectar sus aspiraciones políticas futuras. La implementación gradual de la Ficha Limpia en Río Negro plantea dudas sobre su efectividad real y su capacidad para transformar la política local, especialmente cuando se trata de figuras con un historial judicial controvertido.
La ley de Ficha Limpia ya ha tenido antecedentes en municipios rionegrinos. En 2023, el Tribunal Electoral Provincial impidió que Gerardo Benites Gutiérrez fuera candidato a intendente en San Antonio Oeste debido a una condena por abuso sexual simple. Asimismo, se ratificó la prohibición de que el ex intendente Juan Reggioni se postulara en Fernández Oro por negociaciones incompatibles con la función pública.
En contraste, la ley de Ficha Limpia en Neuquén muestra un enfoque más directo e inmediato. Recientemente, la ex vicegobernadora Gloria Ruiz fue excluida de la posibilidad de presentarse a futuras elecciones debido a su destitución por «inhabilidad moral», a pesar de no tener una condena judicial. La legislación neuquina, que incluye la destitución por juicio político como causal de inhabilitación perpetua, demuestra una aplicación más contundente y menos dependiente de los tiempos judiciales. Esta diferencia subraya la posibilidad de que la Ficha Limpia rionegrina, con su implementación postergada y su exigencia de condena en segunda instancia, resulte menos efectiva en la práctica que la normativa neuquina.
La disparidad entre ambas provincias pone de manifiesto las diferentes interpretaciones y estrategias en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la política. Mientras que Río Negro apuesta por un sistema que prioriza las garantías judiciales y los tiempos procesales, Neuquén opta por una herramienta más expeditiva que busca evitar que personas cuestionadas éticamente accedan a cargos públicos, incluso antes de que exista una sentencia firme.