La Justicia de Córdoba marcó un precedente inédito al responsabilizar al Estado por el fallecimiento de Melín Agustina Sartori, quien tenía 24 años y no padecía afecciones previas de salud. La joven perdió la vida dos semanas después de haberse inoculado contra el coronavirus, producto de un cuadro severo de trombosis con trombocitopenia generado de forma directa por el componente inmunizante de origen ruso.
El derrotero comenzó a mediados de julio de 2021 cuando la joven, que acababa de iniciar un proyecto familiar gastronómico, asistió a recibir la primera dosis de Sputnik V. Apenas seis jornadas más tarde, empezaron a manifestarse síntomas alarmantes, incluyendo intensos dolores de cabeza y vómitos constantes. El representante legal de los damnificados remarcó que aquella campaña se implementó careciendo de mecanismos adecuados de farmacovigilancia, lo que impidió un monitoreo estricto sobre las posibles reacciones adversas severas en la población.
Tras una persistente batalla de su entorno familiar para que el caso fuera visibilizado y analizado a nivel internacional, los peritajes científicos terminaron corroborando la vinculación directa entre el deceso y el fármaco. Ante este panorama, la resolución dictaminó que la cartera sanitaria nacional deberá abonar una indemnización cercana a los 95 millones de pesos a los allegados directos, siempre y cuando la medida no sufra modificaciones en instancias superiores.