La controversia desatada a raíz de la denuncia de un legislador provincial sobre un presunto adoctrinamiento ideológico en una escuela secundaria de General Roca, Río Negro, ha puesto de manifiesto las profundas tensiones existentes entre el ámbito político y el educativo. El caso, que involucra la utilización de material con un marcado sesgo ideológico en un taller de comunicación, ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de cátedra y el rol de la escuela en la formación de ciudadanos críticos.
El diputado Juan Martín (PRO), al denunciar la situación, actuó como un legítimo representante de aquellos padres preocupados por la orientación ideológica de los contenidos impartidos en la escuela. Recibió una queda de un grupo de padres e hizo lo que le corresponde. Su solicitud de informes al poder ejecutivo provincial, buscando determinar si el material utilizado contaba con aval institucional, es una medida razonable y necesaria para garantizar la transparencia y la pluralidad en el ámbito educativo. La preocupación no radica en la crítica hacia una figura política en particular, sino en la presentación de una única perspectiva, lo que podría interpretarse como un intento de adoctrinamiento. Si los tres artículos a analizar hubieran sido criticando a Cristina Kirchner, por ejemplo, la situación sería idéntica. Tres artículos negativos apuntando hacia la misma persona.
«Queremos saber si estos materiales están aprobados por la educación provincial y, en caso de que no, qué medidas se tomarán», explicó César Dominguez, legislador del bloque Primero Río Negro, también firmante del pedido de informes.
El diputado Juan Martín realizó un posteo al respecto. Desde la UCR lo critican por mostrar los nombres de los docentes (jamás los dió a conocer). Sí los medios provinciales cuando mostraron el PDF original del trabajo práctico, que tampoco tiene porque ser privado, ya que es contenido de una escuela pública y desarrollado para menores de edad.
El kirchnerismo se fue, pero el adoctrinamiento sigue. Estos son algunos de los contenidos «educativos» que se dictan en una escuela de General Roca.
¿Esto forma parte de la currícula oficial? ¿Qué van a hacer? Por eso, presentamos un pedido de informes a @EducacionRn pic.twitter.com/m6s9zfjhCN
— Juan Martin (@jmrionegro) March 31, 2025
La respuesta de los sindicatos docentes, leyendo el pedido de informes como un ataque a la libertad de los estudiantes para desarrollar su propia opinión, resulta contradictoria. La presentación de material sesgado, sin ofrecer otras perspectivas, limita la capacidad de los estudiantes para formar un juicio crítico y autónomo. La defensa de la libertad de cátedra no puede amparar la imposición de una única visión ideológica.
Un grupo de docentes quiso traer claridad y terminó oscureciendo su defensa:
Bajo el mensaje «Buenas noches Cumpas. Reenvío el comunicado de les profes de comunicación», se difundió el siguiente mensaje de repudio a las críticas del legislador:
«para terminar, tomamos las palabras de Martín Kohan, escritor y docente universitario argentino, de una nota publicada el 22 de abril de 2024 en el diario Página/12, que sostiene que: “para que exista y funcione el adoctrinamiento hacen falta por lo menos dos elementos. Uno es la palabra autoritaria del docente y el otro, la cabeza hueca del estudiante, cuya cabeza está lo suficientemente hueca como para que la palabra del docente penetre y sea recepcionada pasivamente, sin hacer nada con ella”.
Se traduce: Aunque haya intento de adoctrinamiento tiene que haber unos cabeza huecas para concretarlo. ¿Corresponde a un docente tirar la responsabilidad del resultado de su forma de educar a la capacidad mental del alumno?.
UnTER criticó el «desconocimiento» de algunos políticos que cuestionan la educación pública, señalando que el legislador Juan Martín no ha presentado iniciativas en favor de la mejora de las condiciones edilicias, comedores o transporte escolar (si ha presentado innumerables proyectos para modernizar los contenidos educativos, lo cual fue omitido y parece molestar a los gremios ante la posibilidad de tener que capacitarse para enseñar de acuerdo al presente que vivimos). El sindicato defendió la ley provincial de educación, que establece la necesidad de «brindar una formación ciudadana comprometida con la democracia sustantiva» y promover la participación, el diálogo y la reflexión crítica.
Sin embargo, en el corazón de esta defensa de la pluralidad de voces se encuentra una contradicción fundamental. ¿Cómo puede UnTER reclamar esa pluralidad cuando el material didáctico denunciado parece presentar una visión sesgada y crítica hacia el gobierno actual? ¿No es esto, en sí mismo, una forma de manipulación del pensamiento, una imposición de opiniones dirigidas que contradice el discurso de objetividad y apertura que el sindicato busca promover? La utilización de textos con un claro sesgo ideológico podría interpretarse como un intento de influir en la opinión de los estudiantes, alejándose del objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis independiente.
Parte del comunicado de la UCR, con contenido que parece referirse a otra situación y alejado de la verdad
«En su intento de defender al presidente Milei, este legislador ha reproducido prácticas violentas que son características del actual gobierno nacional. Utilizando su posición y su acceso a los medios de comunicación, dirigió ataques infundados contra la escuela de General Roca y, de manera distorsionada, cuestionó el trabajo de las docentes.
Lo más alarmante es que con los dichos del legislador, también se difundieron datos sensibles de las docentes. Sin su consentimiento, estas mujeres se vieron expuestas en los medios, obligadas a enfrentar el juicio de la opinión pública. Esto las hace sentir vulneradas, ya que se ha puesto en tela de juicio su desempeño profesional y su integridad. Además, a raíz de esta situación, han recibido mensajes intimidatorios que les generan preocupación y angustia».
Resulta preocupante que, ante la denuncia, algunos sectores políticos hayan optado por descalificar al legislador, acusándolo incluso de ejercer violencia al realizar la denuncia. Esta reacción, en lugar de abordar el problema de fondo, busca desviar la atención y proteger intereses particulares. El gobernador Weretilneck delegó la respuesta en sus aliados de la UCR, evidenciando una intención de evitar la exposición de su propio bloque.
El legislador no mostró los nombres, como se ve en el propio posteo de X donde sólo se lee parte del material en discordia y simplemente pidió informes al ejecutivo. Todo tipo de violencia que se menciona no se sabe en donde ni cuando ocurrió. Al margen, que los medios de comunicación publicaran el PDF original es la prueba necesaria para que la sociedad sepa concretamente sobre que se está discutiendo. No se hace juicio de valor, se expone la prueba. Se pone en duda la objetividad y es material de clase, dirigido a menores de edad y de una escuela pública. No es material confidencial
En definitiva, la denuncia de adoctrinamiento en Río Negro es un síntoma de un problema más profundo: la politización de la educación y la dificultad para encontrar un equilibrio entre la libertad de cátedra y la necesidad de garantizar una formación plural y crítica. Las respuestas de los docentes,. gremios y enviados por el ejecutivo provincial exponen crudamente que el «relato» que durante tantos años agotó a los argentinos, sigue muy vigente.
Acusar de actitud violenta a un legislador por presentar un pedido de informes es una completa desviación del tema principal. Atacar al mensajero para tapar algo que no era tan grave, pero a partir de éstas acciones en masa, comienza a serlo.