En el reciente Coloquio de Idea en Mar del Plata, surgió una controversia que ha generado un profundo malestar en el sector agropecuario argentino. La diputada libertaria Juliana Santillán afirmó que las retenciones al campo son «cero», una declaración que ha sido recibida con sorpresa y descontento por parte de los productores agrícolas, quienes enfrentan una carga fiscal significativa y han esperado cambios en la política de retenciones. Actualmente, estas retenciones son del 33% para la soja, 12% para el trigo y el maíz, y 9% para la carne, cifras que contradicen las afirmaciones de Santillán.
La reacción del campo no se hizo esperar, ya que los productores se sienten acorralados por las condiciones climáticas adversas, como la sequía, y las elevadas retenciones que afectan su rentabilidad. Durante el evento, un periodista interpeló a Santillán sobre las políticas que el gobierno planea implementar para aliviar esta carga fiscal. Sin embargo, la respuesta de la diputada fue que «las retenciones al campo son cero», una afirmación que ha sido desmentida por la realidad económica que enfrenta el sector.
Las declaraciones de Santillán han generado críticas entre los productores, quienes esperaban un alivio fiscal y una reducción gradual de las retenciones. La falta de claridad y la aparente desconexión con la situación real del campo han intensificado el descontento en un sector que ya se siente presionado por las políticas actuales. La Mesa de Enlace y otras organizaciones del agro han manifestado su preocupación y han reiterado la necesidad de un diálogo más franco y políticas que realmente reflejen las necesidades del sector.
La polémica también ha desatado una serie de comentarios críticos en las redes sociales, donde se cuestiona la capacidad y el conocimiento de Santillán sobre los temas del campo. Los productores agrícolas, que esperaban que los representantes libertarios impulsaran cambios significativos, ahora expresan su frustración y escepticismo sobre la posibilidad de que se produzcan las reformas prometidas. La situación plantea un desafío para el gobierno, que deberá abordar estas tensiones y buscar soluciones efectivas para el sector agropecuario.