En una muestra de frialdad que indigna, el gobierno de Javier Milei reconoce que los salarios en el Hospital Garrahan son «un desastre», pero en lugar de ofrecer soluciones concretas, amenaza y castiga a los médicos residentes que reclaman por sus magros ingresos. Mientras tanto, gasta 100 millones de pesos en un sistema biométrico para controlar el presentismo, una medida que los trabajadores denuncian como una provocación.
Tras una reunión fallida, donde no se ofreció ninguna recomposición salarial, los residentes del Garrahan ratificaron las medidas de fuerza. La respuesta del gobierno fue endurecer la postura, advirtiendo que descontará los días de huelga, desvinculará a quienes superen los cinco días de ausencia y pondrá en riesgo su aprobación como especialistas.
Esta actitud despiadada contrasta con el reconocimiento público de altos funcionarios, como la viceministra Cecilia Loccisano, de que los sueldos de los residentes son «extremadamente bajos e insuficientes». Sin embargo, en lugar de priorizar una solución a este problema, el gobierno prefiere invertir recursos en un sistema de control que, según los trabajadores, solo busca «amedrentar» y «disciplinar».
«Adorni salió a decir que protestamos porque instalaron un lector biométrico. Es completamente falso: el problema es que el personal cobra una miseria», denunció Gerardo Oroz, delegado de ATE, evidenciando la desconexión del gobierno con la realidad que viven los trabajadores del Garrahan.
En medio de este conflicto, el presidente Milei asoció las protestas con la existencia de «ñoquis» en los hospitales, ninguneando los reclamos de los trabajadores de la salud y reduciéndolos a un tema de «exceso de empleados públicos». Una actitud que, según denuncian los trabajadores, solo busca «deslegitimar» sus reclamos y «justificar» el ajuste en el sector.