El Gobierno impulsa una iniciativa que busca que quienes trabajan en los medios de comunicación deban presentar sus declaraciones juradas de patrimonio, siguiendo una lógica similar a la que rige para las personas que ocupan cargos públicos. Este movimiento se percibe como una nueva herramienta de control en un contexto de relación tensa entre el poder central y la prensa.
Javier Milei ha mantenido un discurso crítico hacia diversos sectores de la comunicación, y esta propuesta legislativa parece ser el siguiente paso en esa estrategia. Según trascendió, emisarios oficiales ya han iniciado conversaciones con sectores de la oposición, específicamente con legisladores vinculados al kirchnerismo, para evaluar la viabilidad de este proyecto en el Congreso. La intención detrás de esta búsqueda de consensos inesperados sería sumar fuerzas para aprobar una medida que, bajo el argumento de la transparencia, establecería una vigilancia patrimonial inédita sobre los comunicadores.
La medida genera una fuerte preocupación respecto a la libertad de prensa, ya que se suma a otras acciones recientes, como la limitación de accesos a acreditaciones oficiales y la intención de modificar leyes laborales que protegen la actividad. Al equiparar a un periodista con un funcionario estatal en términos de obligaciones patrimoniales, se corre el riesgo de utilizar la información financiera como un método de amedrentamiento o persecución contra las voces críticas. La presión sobre el sector parece no dar tregua, marcando una agenda donde la transparencia se utiliza como bandera para condicionar la labor informativa.