La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires ha autorizado el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a territorio bonaerense, una decisión que emerge en un momento de fuerte controversia. Esta medida se produce justo después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) a nivel nacional señalara diversas irregularidades en la AFA y solicitara la intervención de veedores. La resolución provincial, emitida este miércoles, es interpretada por diversos sectores como una estrategia para resguardar la gestión de Claudio Tapia, quien preside la AFA y, a su vez, ocupa un cargo designado por el gobernador provincial.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, bajo la órbita de un funcionario cercano al kirchnerismo, busca que la AFA quede bajo la fiscalización exclusiva de la provincia. Históricamente ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, la entidad del fútbol argentino pretende ahora establecer su domicilio en un predio en Pilar. Esta habilitación provincial fue celebrada públicamente por el abogado Gregorio Dalbón, defensor de Tapia, quien afirmó que «el fútbol argentino se gobierna conforme a su estatuto y bajo la jurisdicción que legítimamente eligió», y añadió con contundencia: «Chau veedores».
La celeridad de la aprobación provincial, que se concretó apenas horas después de la notificación de la IGJ a la AFA, ha generado interrogantes. La directora provincial de Personas Jurídicas, Silvia Andrea García, quien firmó la resolución, cuestionó la injerencia del organismo nacional, argumentando que la IGJ «parece confundir los conceptos de domicilio y sede social» y que «carece de toda legitimidad y jurisdicción» en el asunto desde que la provincia autorizó la inscripción registral en noviembre de 2024. Sin embargo, la IGJ ya había rechazado previamente este cambio de domicilio, y expertos señalan que la maniobra no exime a la AFA de presentar sus balances ante el organismo nacional, ni de las responsabilidades ante las causas judiciales pendientes, como una investigación por evasión fiscal que involucra a Tapia y a su tesorero.