Una reciente investigación periodística ha puesto el foco en un contrato gubernamental que experimentó un considerable incremento poco después del cambio de administración en Argentina. La Cancillería, bajo la nueva gestión, renovó un acuerdo con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una entidad donde la pareja de un influyente funcionario, Federico Sturzenegger, ocupa un cargo directivo. Este convenio, destinado a la capacitación en inglés de más de un centenar de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha generado interrogantes debido a la magnitud de su ajuste.
El contrato, que ya estaba vigente desde 2018, fue renovado en febrero de 2024 con un aumento del 398% respecto al monto de marzo de 2023. Esta cifra supera ampliamente la inflación registrada en el mismo período, que fue del 276%, lo que representa un incremento real del 32%. Esta situación contrasta con la política de austeridad y el mensaje de «no hay plata» que ha caracterizado al Poder Ejecutivo desde su asunción. Históricamente, bajo administraciones anteriores, las renovaciones de este mismo contrato se habían mantenido por debajo o en línea con el índice de precios.
La controversia se intensifica al considerar la posición de Federico Sturzenegger. Aunque en febrero de 2024 no poseía una designación formal como ministro, su influencia como asesor clave del presidente era notoria, participando activamente en la elaboración de políticas de desregulación. Desde su entorno, se argumentó que «Para declararse persona expuesta políticamente, la tiene que estar en el cargo», justificando así la omisión del protocolo de conflicto de intereses en aquel momento. Sin embargo, para una renovación posterior, en diciembre de 2025, sí se activó este mecanismo, solicitando un dictamen de la Oficina Anticorrupción. Este episodio pone de manifiesto la tensión entre la retórica de la «motosierra» y ciertas erogaciones estatales, en un contexto donde se han justificado recortes en áreas sensibles como la salud y la asistencia social.