Tras haber sorteado un importante escollo con la decisión de retirar el artículo 44, que regulaba las licencias y había generado un amplio rechazo tanto por parte de la sociedad como en el ámbito legislativo, el gobierno ahora enfrenta una nueva y creciente resistencia en la Cámara de Diputados. El foco de la controversia se ha trasladado al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una pieza clave de la reforma laboral. Este mecanismo, diseñado como un sistema de indemnizaciones, ha encendido las alarmas por su potencial impacto en las finanzas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con estimaciones que hablan de un recorte de 3.000 millones de dólares. La discusión en torno a este fondo se intensifica, poniendo en jaque la aprobación de este punto fundamental de la propuesta.
El FAL, una iniciativa que busca reconfigurar el sistema de compensaciones por despido, propone la creación de un esquema para financiar entidades financieras registradas bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este modelo ha sido comparado por algunos con «mini AFJP» controladas por el Estado. Su implementación implicaría una reducción del 3% en las contribuciones empresariales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que significa que recursos actualmente destinados al pago de jubilaciones serían redirigidos para cubrir despidos. Esta reasignación de fondos es un punto de fricción central, especialmente para las provincias que mantienen sus propias cajas previsionales.
La oposición a esta medida se ha consolidado en diversos frentes. Legisladores del interbloque Unidos, que congrega a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo, han expresado su firme rechazo. La diputada Gisela Scaglia, del bloque Provincias Unidas, junto con el rionegrino Sergio Capozzi, ya están elaborando una propuesta alternativa, dejando en claro que no acompañarán el proyecto oficial en la votación particular. A esta postura se suma la de la diputada Alejandra Vigo, quien ya votó en contra en el Senado, y se anticipa que los representantes cordobeses en Diputados seguirán su línea. Un legislador de este interbloque advirtió sobre la situación, afirmando que «los votos están finitos para la votación en particular». Con el rechazo inquebrantable de las bancadas peronistas y de izquierda, que suman 98 votos, más la veintena de legisladores de Unidos y otros bloques provinciales, la cantidad de voluntades en contra del FAL se acerca peligrosamente a los 129 necesarios para bloquear su avance. La dificultad de aplicar un régimen similar al de la construcción a otras actividades también contribuye a la incertidumbre sobre su viabilidad y aceptación.