La discusión en torno a la reforma laboral propuesta por el gobierno ha escalado en la Cámara de Diputados, especialmente por la controversia que genera una de sus cláusulas clave. Desde que el Poder Ejecutivo extendió las sesiones extraordinarias hasta finales de febrero, se han intensificado las negociaciones entre la Casa Rosada, legisladores y bloques parlamentarios. El objetivo principal es encontrar una solución al conflicto desatado por las modificaciones en las licencias médicas, un punto que ha sido percibido con preocupación por su posible impacto en los derechos de los trabajadores.
El centro de la polémica es el artículo 44 del proyecto, que busca reformar el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta propuesta establece una reducción significativa en el pago de salarios durante las licencias por enfermedades o accidentes no relacionados con el ámbito laboral. Mientras que el régimen actual garantiza el 100% de la remuneración, la reforma plantea un 50% o 75%, dependiendo de si la condición de salud es resultado de una «actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo». El gobierno justifica esta medida como una forma de combatir el ausentismo y la litigiosidad, citando comparaciones con normativas de otros países.
Sin embargo, esta disposición ha generado un fuerte rechazo en sectores sindicales y de la oposición, que la consideran un retroceso en derechos adquiridos. Ante la amenaza de una huelga general por parte de la CGT, el oficialismo busca una «diagonal» para evitar que el proyecto regrese al Senado, lo que demoraría su sanción. Se evalúan alternativas como un decreto reglamentario que precise criterios médicos para enfermedades graves o una ley complementaria que aborde exclusivamente este punto.
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ha defendido públicamente la medida, argumentando que busca desarticular lo que el oficialismo denomina una «mafia» de certificados y juicios laborales. No obstante, la presión de los bloques aliados, como la Unión Cívica Radical, y la firme postura de los sindicatos, que ya anticipan medidas de fuerza, complican el panorama. Cristian Jerónimo, de la CGT, advirtió: «Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional», mientras que Jorge Sola añadió: «Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave».
El gobierno, que aspira a tener la reforma aprobada antes del 1° de marzo, enfrenta un escenario de alta tensión. La capacidad de negociación para destrabar el artículo 44 será crucial para el avance de una de las iniciativas más importantes de su agenda legislativa, en un contexto donde el reloj de las sesiones extraordinarias avanza sin pausa.