La propuesta gubernamental de reforma laboral ha generado un fuerte rechazo, especialmente por las modificaciones en las licencias por enfermedad. La frialdad con la que se abordó la disposición sobre los trabajadores en caso de enfermedad se hizo pública y provocó una reacción contundente. Esta situación llevó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar un paro nacional, en un intento de frenar la aprobación de la medida en la Cámara de Diputados, donde se espera un debate acalorado.
El punto de conflicto reside en el artículo 44 del proyecto, que altera el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La iniciativa plantea una reducción del salario a percibir durante estos períodos, estableciendo un 50% o un 75% de la remuneración, a diferencia del 100% actual. Esta diferenciación se aplicaría si la imposibilidad de trabajar fuera consecuencia de una «actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud». El ministro desregulador Federico Sturzenegger, al justificar la medida, mencionó el ejemplo de lesiones sufridas jugando al fútbol, lo que activó aún más la indignación sindical y de especialistas.
La inclusión de este artículo, que se realizó de manera sorpresiva y sin debate previo en el Senado, fue interpretada por los sindicatos como una ruptura de los acuerdos informales y un ataque directo a los derechos laborales. Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la central obrera, confirmó la medida de fuerza, señalando que «están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional». Esta postura se refuerza con la advertencia de Jorge Sola, quien destacó que «cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave».
El impacto político de esta cláusula ha sido significativo. El bloque peronista ha anunciado su voto unificado en contra, superando divisiones previas. Incluso sectores considerados «dialoguistas» como el PRO, la UCR y Provincias Unidas han expresado reservas, complicando el camino del proyecto en Diputados. Expertos como el abogado laboralista Julián de Diego han advertido que la modificación podría generar mayor litigiosidad, contrariamente al objetivo oficial. Además, el ex ministro de Trabajo del menemismo, Armando Caro Figueroa, señaló posibles conflictos con normas de la OIT y tratados internacionales, lo que podría abrir la puerta a impugnaciones judiciales.