El Poder Ejecutivo ha decidido incorporar en el temario de las sesiones extraordinarias un proyecto de ley destinado a redefinir el esquema de financiamiento para las casas de altos estudios del país. Esta medida, que se oficializará mediante un decreto en el Boletín Oficial, también contempla la extensión del período legislativo hasta finales de febrero. La determinación surge en un contexto donde el gobierno ha mostrado reticencia a aplicar una normativa ya sancionada por el Congreso, vetada y posteriormente ratificada por ambas cámaras, lo que genera interrogantes sobre la intención detrás de esta nueva propuesta legislativa.
La inclusión de este tema en la agenda parlamentaria se produce luego de que la administración actual apelara una medida cautelar que exigía la implementación de la ley de financiamiento universitario vigente. Esta acción gubernamental, que busca un nuevo marco legal, estaría orientada a sortear las obligaciones impuestas por la legislación actual y a desactivar las diversas acciones judiciales en curso. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que se trabaja en “implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”, lo que algunos interpretan como una búsqueda de ajustes presupuestarios bajo el pretexto del equilibrio fiscal, una bandera central de la gestión.
En las últimas semanas, se han llevado a cabo encuentros entre funcionarios gubernamentales, como el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), incluyendo a Carlos Greco y Franco Bartolacci. Tras una de estas reuniones, Greco manifestó que fue “un acercamiento en la dirección correcta” y que existía “expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas”. Por su parte, Oscar Alpa, presidente del CIN, enfatizó que “la ley está vigente” y que, a pesar de los planteos, existe una “ratificación judicial” que confirma su plena validez, dejando claro que la iniciativa de diálogo provino del gobierno. Esta situación subraya la persistencia de una ley que el gobierno se niega a aplicar, mientras impulsa una alternativa que podría implicar recortes encubiertos.