La Cámara de Diputados dió media sanción al proyecto de ley que modifica el Régimen Penal Juvenil, estableciendo la edad de imputabilidad en los 14 años. La iniciativa, que obtuvo un amplio respaldo con 149 votos a favor y 100 en contra, contó con el apoyo de diversas fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, entre otros bloques. Aunque el peronismo se mantuvo unido en su rechazo general, algunos de sus integrantes, como los del Frente Renovador, validaron la reducción de la edad en la votación particular de los artículos.
Este nuevo marco legal no solo reduce la edad de punibilidad, sino que también contempla penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. Para infracciones menores, se prevén sanciones alternativas que van desde amonestaciones y servicios comunitarios hasta monitoreo electrónico y la prohibición de acercamiento a las víctimas. Un aspecto central del proyecto es la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantizarán derechos a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones, prohibiendo estrictamente la convivencia con detenidos mayores de edad.
Durante el debate, la diputada Laura Rodríguez Machado, quien presidió la comisión de Legislación Penal, argumentó que la ley vigente desde 1980 «no previene, no resocializa y no repara», ni ofrece soluciones a las víctimas. En contraposición, voces del peronismo, como Juan Grabois y Juan Carlos Molina, criticaron la falta de un enfoque integral que aborde problemas como la salud mental y los consumos problemáticos. El proyecto también asigna una partida presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos para su implementación, un punto clave tras las preocupaciones de los gobernadores sobre los costos. Miguel Ángel Pichetto, por su parte, advirtió: «La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna.»
Con el impulso de estas recientes victorias legislativas, el gobierno evalúa la posibilidad de promover una reforma electoral de cara a los comicios de 2027. Aunque las conversaciones aún son preliminares, se barajan tres propuestas principales: la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la incorporación de una opción para votar lista completa en la Boleta Única Papel. Estas medidas buscarían, entre otros objetivos, reducir el costo fiscal de las elecciones y simplificar el proceso para los votantes, además de redefinir la estructura y el financiamiento de las agrupaciones políticas en el país.