Un reciente informe global sobre la situación de los derechos humanos ha puesto el foco en Argentina, señalando preocupaciones significativas respecto al trato hacia la prensa y otros aspectos institucionales. La organización Human Rights Watch, en su evaluación anual presentada en Washington, destacó que el actual gobierno ha empleado una «retórica hostil para estigmatizar a los periodistas», una actitud que, según la entidad, «le hace mal a la democracia argentina».
El documento detalla que el presidente ha manifestado en diversas ocasiones que los ciudadanos «no odiamos lo suficiente a los periodistas» y ha lanzado acusaciones de soborno contra reporteros «sin pruebas». A esto se suma la mención de un reporte periodístico previo que indicaba la aprobación de un plan de inteligencia para vigilar a quienes «socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica», aunque esta información fue desmentida por el Ejecutivo. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, enfatizó que «los periodistas deben poder expresarse sin temor a ser maltratados por el presidente en redes sociales» y que «Más que odiar al periodismo, como sugiere el presidente, los argentinos deberían apreciarlo, porque han sido los periodistas quienes han expuesto los escándalos de corrupción y abuso de poder, independientemente del gobierno de turno».
Más allá de la libertad de expresión, el reporte aborda otros temas relevantes. Se mencionan «recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo». Si bien se reconoce una baja en la inflación que contribuyó a reducir la pobreza, también se observa un aumento en la proporción de trabajadores informales y un incremento considerable en los precios de bienes y servicios esenciales. La organización también hizo referencia a la situación de la Corte Suprema y a casos de corrupción, incluyendo la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y una investigación sobre el presidente por la promoción de una criptomoneda, así como la prohibición judicial de difusión de audios atribuidos a Karina Milei, calificada como una medida que «viola la libertad de expresión».