El gobierno nacional se prepara para un año legislativo de intensa actividad, con la mira puesta en la aprobación de un ambicioso paquete de reformas. Con más de cuarenta proyectos en carpeta, el 2026, al no ser un año electoral, se presenta como una oportunidad clave para impulsar iniciativas que quedaron pendientes. «Todavía falta mucho por definir, pero hay al menos entre 40 y 50 proyectos de ley de todas las áreas para enviar», confió un integrante del círculo cercano al mandatario, anticipando un período de arduo trabajo en el Congreso a partir de marzo.
Entre las prioridades inmediatas, se destaca la reforma laboral, para la cual el Poder Ejecutivo ha intensificado las negociaciones. Recientemente, se ajustó la agenda de visitas del encargado de la cartera del Interior a provincias estratégicas como Corrientes y Misiones, buscando consolidar apoyos en el Senado. En Corrientes, el gobernador local ha manifestado que «Hay algunos puntos que nos preocupan» y que prestará especial atención a que «no se violenten los derechos de los trabajadores», mientras que en Misiones, la situación financiera provincial podría añadir nuevas variables a las conversaciones. Paralelamente, la referente oficialista en el Senado se reunió con legisladores aliados, donde se afirmó que «la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad», aunque se reconocieron posibles modificaciones al texto original.
Una vez superado el tratamiento de la normativa laboral, el foco se trasladará a otras dos grandes iniciativas: la modificación del Código Penal y una reforma tributaria integral. El proyecto de Código Penal, que promete un endurecimiento de penas para delitos graves como homicidios y narcotráfico, se espera que esté listo para mediados de febrero. En cuanto a la reforma impositiva, aún en fase de diseño, busca simplificar el sistema y reducir impuestos, incluyendo una propuesta de «IVA dividido» que ha generado inquietud entre los gobernadores por su impacto en la coparticipación.
Además de estas reformas estructurales, la agenda legislativa incluye cambios en la Ley de Salud Mental para habilitar internaciones involuntarias en casos específicos, una Ley de Libertad Educativa que establece la obligatoriedad escolar desde los cuatro años y amplía la autonomía institucional, y el envío masivo de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. También se prevé una tercera reforma de la Ley de Inteligencia Nacional. Aunque muchos de los detalles más relevantes se reservan para el discurso presidencial de apertura de sesiones en marzo, se anticipó que las modificaciones al sistema previsional no se abordarán antes de 2027, quedando, según referentes del Gobierno, «para el próximo mandato».