Tras semanas de devastación por incendios que azotan diversas regiones del país, especialmente en la Patagonia, el gobierno nacional ha puesto en marcha medidas de apoyo y se encuentra en pleno debate sobre la declaración de una emergencia. En un gesto concreto, se ha dispuesto la asignación de más de cien mil millones de pesos destinados a las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el territorio. Esta inyección de recursos busca fortalecer la capacidad operativa de más de mil entidades, permitiéndoles adquirir equipamiento esencial, materiales y vestuario para enfrentar las emergencias.
La decisión, plasmada en una resolución oficial, subraya la crítica situación que se vive, con miles de hectáreas consumidas por el fuego, particularmente en provincias como Chubut. La normativa establece que cada asociación recibirá una suma cercana a los 95 millones de pesos, con la condición de que la inversión se destine exclusivamente a la lucha contra el fuego y la protección civil, bajo la estricta supervisión de la Agencia Federal de Emergencias».
Paralelamente a esta asistencia financiera, la cúpula política del gobierno se reunió para analizar la solicitud de varios gobernadores patagónicos de declarar la emergencia ígnea en la región.
La urgencia de este pedido radica en la necesidad de movilizar recursos federales ilimitados, ya que las provincias afirman haber agotado sus propias capacidades financieras para combatir el fuego.
La crítica situación se ve agravada por una serie de decisiones tomadas por la administración actual que, según expertos y funcionarios locales, han mermado significativamente la capacidad de respuesta del Estado. Se señala un drástico recorte del 78% en los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el presupuesto de 2026, así como la desfinanciación de Parques Nacionales. Además, se ha cuestionado la designación de un arquitecto sin experiencia en conservación al frente de Parques Nacionales, quien no habría objetado los recortes presupuestarios ni la disolución del fideicomiso para el manejo del fuego, cuyos fondos fueron transferidos al Ministerio de Seguridad.
Otro factor que ha contribuido al desastre es el abandono de un proyecto clave para la coordinación de la lucha contra incendios en la Patagonia, el «Comando Unificado», que ya estaba avanzado en un 80% y preveía tecnología de punta para la detección y combate del fuego. Las provincias se vieron obligadas a financiar con recursos propios lo que quedaba de la iniciativa. A esto se suma la postura negacionista del cambio climático por parte del presidente, en un contexto donde la Patagonia sufre la peor sequía desde 1968 y una disminución de precipitaciones que ha vuelto el ecosistema extremadamente vulnerable a los incendios.
Los mandatarios provinciales, entre ellos el de Chubut, han ejercido presión para que el Congreso aborde esta cuestión en las próximas sesiones extraordinarias, argumentando que la magnitud de los acontecimientos «exige herramientas excepcionales». La propuesta busca habilitar la disposición de recursos presupuestarios para acciones de prevención, combate y recuperación de las zonas afectadas, así como para asistir a las personas damnificadas.