La situación de la infraestructura vial en Argentina ha captado la atención internacional, con reportes que señalan un marcado deterioro de la red de carreteras nacionales. Medios europeos, como el canal alemán Deutsche Welle, han puesto de manifiesto las consecuencias del freno en la obra pública implementado por la administración actual. Este escenario no solo genera preocupación por la logística y el desarrollo económico, sino que también se asocia a un aumento en la siniestralidad, encendiendo alarmas sobre la seguridad en las rutas del país.
Un informe reciente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, citado por el medio alemán, estima que un alarmante 70% de la red vial se encuentra en estado crítico. Esta situación se atribuye a un drástico recorte del 72% en la inversión destinada a carreteras desde diciembre de 2023. Como ejemplo de las repercusiones, se menciona el estado de la Ruta Nacional 54 en Jujuy, una vía vital para el acceso a minas y proyectos de litio, cuyo deterioro ha provocado un incremento del 3% en los accidentes durante el año 2025 en la provincia. A nivel local, la gestión de la crisis vial en Jujuy ha generado controversia, especialmente tras el nombramiento de un pediatra con experiencia en elaboración de cerveza artesanal al frente de la seccional de Vialidad Nacional, en reemplazo de una ingeniera con trayectoria.
Ante este panorama, diversas voces, incluyendo gobiernos provinciales y municipios, han recurrido a la justicia para exigir al gobierno central que retome las obras de mantenimiento esenciales. Un caso resonante es el de la Ruta Nacional 3 en la provincia de Buenos Aires, donde el intendente de Azul, junto a vecinos y víctimas de accidentes, presentó una denuncia judicial. La respuesta de Vialidad Nacional en este expediente ha generado indignación, al negar el «deterioro significativo» de la ruta y atribuir cualquier siniestro a la «negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor», deslindando así la responsabilidad del estado de la calzada. Esta postura oficial, que minimiza el impacto del estado de las rutas en la seguridad vial, profundiza el debate sobre la gestión de la infraestructura en el país.