La administración actual se prepara para impulsar una reforma laboral en el Congreso durante el próximo mes, buscando el respaldo de diversos sectores. Sin embargo, en paralelo, un importante sector de la oposición, compuesto por legisladores con trayectoria gremial y expertos en derecho laboral, está delineando su propia agenda para el mercado de trabajo. Su objetivo no es solo rechazar las propuestas del oficialismo, sino también presentar un conjunto de iniciativas que, según argumentan, ofrecen una verdadera modernización y protección para los trabajadores.
Desde las bancadas de Unión por la Patria, la crítica al proyecto gubernamental es contundente. Un documento interno lo califica de intento por desarticular la organización sindical y precarizar el empleo: “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”. Ante esta visión, figuras como la ex ministra Kelly Olmos, el dirigente Sergio Palazzo y el abogado Mariano Recalde, lideran la elaboración de propuestas alternativas.
Entre las principales iniciativas que se perfilan, se destaca el fortalecimiento de la negociación colectiva, con paritarias libres y una mayor centralidad para el Consejo del Salario. También se propone que el pago de haberes sea exclusivamente en dinero. Un eje fundamental es la inclusión de los trabajadores de plataformas en un régimen que reconozca la relación laboral, garantizando derechos como vacaciones pagas, elementos de seguridad, cobertura por accidentes y el derecho a la desconexión, además de exigir transparencia en los algoritmos. Otras propuestas incluyen la ampliación de las licencias por paternidad, cubiertas por el Estado, y la reducción gradual de la jornada laboral, comenzando por 7 horas diarias o 42 semanales. Para quienes trabajan de forma remota, se enfatizará el «derecho a la desconexión». Finalmente, se impulsará un bono anual de participación en las ganancias empresariales, un derecho constitucional que, según Recalde, «ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”. Estas iniciativas buscan instalar un debate propio en el Congreso, más allá de la agenda oficial.