La relación financiera entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional atraviesa un momento de alta tensión, con la administración porteña evaluando llevar a la Corte Suprema de Justicia un reclamo por el incumplimiento en los pagos de coparticipación. El ministro de Economía, ha sido señalado por la acumulación de una deuda considerable, que asciende a 430 mil millones de pesos desde agosto de 2025, lo que ha llevado al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a considerar acciones legales ante el máximo tribunal.
El origen de esta disputa radica en una medida cautelar de la Corte que establecía que la Nación debía transferir diariamente a la Ciudad el 1,55% de la coparticipación. Sin embargo, el gobierno central optó por realizar envíos semanales y discrecionales, que inicialmente se cumplieron, pero con el tiempo comenzaron a sufrir retrasos significativos. En el ámbito porteño, se considera que «semejante suma ya no es un simple atraso, sino un claro incumplimiento de la medida cautelar» emitida por la justicia. Esta situación se suma a una discusión de fondo sobre el porcentaje total de coparticipación que la Ciudad reclama desde la gestión anterior, un tema que aún espera resolución judicial.
A pesar de reuniones previas entre Jorge Macri y el ministro de Economía, no se han logrado avances concretos para saldar la deuda, que también incluye un monto histórico de alrededor de 6.000 millones de dólares, para el cual la Ciudad había propuesto alternativas como la transferencia de terrenos. No obstante, la decisión de recurrir nuevamente a la Corte no es sencilla, ya que, según fuentes judiciales, «a la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado». El tribunal ha mantenido una postura cautelosa para evitar confrontaciones directas con el actual gobierno, en un contexto donde otras diecinueve provincias también presentan reclamos similares por coparticipación.