El Congreso se prepara para una votación crucial del Presupuesto 2026, con el gobierno nacional urgido por su aprobación antes de fin de año. La sanción de esta ley es vista como un paso fundamental para la estabilidad económica y la capacidad de acceso a financiamiento internacional. Sin embargo, la discusión se ha centrado en el controvertido Artículo 30, que propone recortes significativos en áreas como la educación y la ciencia, generando un fuerte malestar entre diversos bloques legislativos.
Senadores de la Unión Cívica Radical han expresado su profunda incomodidad con las disposiciones de este artículo, que, según el peronista Fernando Salino, «despedaza la educación, la educación técnica y la ciencia y la tecnología». A pesar de esta objeción, la postura predominante en el bloque radical, liderado por Eduardo Vischi, es la de votar el proyecto «a libro cerrado» para evitar que regrese a la Cámara de Diputados, donde el margen de tiempo es mínimo y muchos legisladores ya se encuentran de receso. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, ha intensificado las negociaciones para asegurar los votos necesarios, mientras el presidente Javier Milei sigue de cerca el proceso desde la Quinta de Olivos.
La situación se complica aún más por tensiones externas. El exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ha manifestado su enojo con el oficialismo luego de que La Libertad Avanza votara en contra del presupuesto provincial. Valdés, quien ejerce influencia sobre varios senadores, incluyendo a Vischi, podría utilizar esta situación para presionar en la votación nacional. El gobierno, consciente de la necesidad imperiosa del Presupuesto para gestionar la deuda y evitar la prórroga de la ley de gastos anterior, ha retirado previamente otros artículos polémicos, como los referidos al financiamiento universitario y la discapacidad, para facilitar su aprobación.
A pesar de los esfuerzos por destrabar la situación, la incertidumbre persiste. Si el Senado introduce modificaciones al Artículo 30, el proyecto deberá volver a Diputados, lo que podría demorar su sanción hasta bien entrado el próximo año, con el antecedente de 2002 cuando el presupuesto se aprobó en marzo. La presión es alta para que el viernes sea el día decisivo y se logre la aprobación sin más dilaciones.