El Congreso de la Nación se prepara para una semana de sesiones extraordinarias cargada de definiciones clave para la gestión libertaria. El principal objetivo del oficialismo, liderado por Javier Milei y con la articulación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será lograr la aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados en las próximas 72 a 96 horas. Paralelamente, el Senado iniciará el debate sobre la reforma laboral, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, con la esperanza de obtener un dictamen para finales de la semana. La urgencia por avanzar radica en la necesidad de girar el Presupuesto al Senado lo antes posible para intentar su sanción antes de fin de año, en un cronograma que exige un funcionamiento preciso y coordinado entre oficialistas y aliados.
La Ley de Gastos, considerada la iniciativa con mayores chances de ser sancionada, enfrenta el desafío de obtener quorum y una mayoría en ambas cámaras, donde La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con mayoría propia ni un respaldo provincial unificado. A pesar de ello, la ingeniería legislativa impulsada por Menem prevé la constitución de comisiones clave como Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por referentes de LLA: Laura Rodríguez Machado y Alberto Benegas Lynch, respectivamente. El objetivo es obtener un dictamen favorable esta semana para elevarlo al recinto de Diputados a más tardar el jueves, para luego ser remitido al Senado, que buscaría emitir despacho el viernes y sancionarlo entre el 26 y el 29 de diciembre.
En paralelo, el Senado se enfocará en la reforma laboral. Tras una reunión de Labor Parlamentaria este lunes, donde se definirán las presidencias de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, la discusión formal comenzará el miércoles. Bullrich aspira a obtener un dictamen para el viernes, aunque la oposición ha anunciado la intención de convocar a más de 100 expositores, lo que podría ralentizar el proceso. La ministra ha defendido la reforma con ejemplos como el de una pyme familiar en Junín que enfrenta un juicio laboral millonario, argumentando que la normativa actual frena la inversión y la generación de empleo. La oposición, por su parte, prepara una contrarreforma que incluye un salario mínimo más alto, menor jornada laboral y regulaciones para aplicaciones. La discusión sobre «inocencia fiscal», también promovida por el Ejecutivo, se suma a la apretada agenda, dada su importancia para la obtención de divisas.