Cuando Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023, la Argentina ya cargaba con un récord: era el país más endeudado de la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI), con compromisos pendientes por alrededor de 43.000 millones de dólares del préstamo firmado en 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri y luego renegociado por Alberto Fernández.
Vale recordar que no siempre fue así. En enero de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Argentina canceló de una sola vez la totalidad de su deuda con el FMI, llevando el saldo a cero y proclamando el fin de la tutela del organismo sobre la política económica nacional. Esa foto histórica contrasta con la actualidad: en apenas menos de dos décadas, el país no sólo volvió a pedir préstamos millonarios, sino que además se convirtió en el mayor deudor de toda la historia del Fondo.
¿Deuda nueva o vieja deuda reciclada?
El punto más controvertido está en el destino de esos fondos. Según datos oficiales, cerca del 70% de los desembolsos fue dirigido a cancelar compromisos previos: pagos al propio FMI, vencimientos con organismos internacionales y el canje de Letras Intransferibles del Tesoro que presionaban sobre el balance del Banco Central. Solo una fracción menor ingresó efectivamente como reservas frescas disponibles para políticas de estabilización.
En la práctica, esto significa que, sin el nuevo préstamo, el país no hubiese tenido recursos genuinos para afrontar esos pagos. De ahí que, más allá de los tecnicismos, el resultado es claro: la Argentina incrementó su deuda neta con el FMI.
Cuánto se debía antes y cuánto ahora
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Hasta diciembre de 2023 (antes de Milei): deuda con el FMI cercana a 43.000 millones de dólares.
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Tras el nuevo acuerdo de 2025: la exposición asciende a unos 63.000 millones de dólares entre lo heredado y lo agregado.
De este modo, el país volvió a acrecentar el récord histórico: nunca antes un miembro del FMI había acumulado semejante nivel de endeudamiento con el organismo.
La autonomía en cuestión
Con cada revisión trimestral, el Gobierno debe demostrar que cumple metas estrictas: equilibrio fiscal primario, cero financiamiento del Banco Central al Tesoro, acumulación de reservas y tope a la emisión monetaria. El incumplimiento puede bloquear desembolsos futuros y obligar a renegociar condiciones aún más duras.
Este esquema implica una pérdida de autonomía financiera. La política económica argentina queda atada a la supervisión directa del FMI, que no sólo monitorea cifras fiscales sino también decisiones cambiarias y de gasto público.
Un círculo difícil de romper
El discurso oficial sostiene que el nuevo préstamo es un puente hacia la “normalización económica”. Sin embargo, críticos de la oposición y economistas independientes advierten que se trata de un círculo de dependencia: pedir más deuda para pagar deuda previa, sin generar divisas propias de manera sostenible.
En definitiva, Milei hereda un problema mayúsculo y lo profundiza: la Argentina sigue bajo la tutela del FMI, con más deuda que antes y con compromisos que extenderán su influencia al menos por otra década.