La oposición está aprovechando la actual fragilidad parlamentaria del gobierno de Javier Milei para impulsar una reforma significativa en la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, busca limitar considerablemente el margen de acción del Poder Ejecutivo, especialmente en contextos donde el gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso. La reforma propone que los DNU deban ser aprobados explícitamente por ambas cámaras legislativas dentro de un plazo de 90 días; de lo contrario, perderían vigencia automáticamente.
Actualmente, la ley vigente permite que los decretos sigan en vigor si el Congreso no se pronuncia, y basta con una mayoría simple en una sola cámara para mantenerlos. Sin embargo, con la nueva propuesta, la dinámica cambiaría radicalmente: se requeriría consenso mayoritario en ambas cámaras para validar los decretos, lo que dificultaría la gobernabilidad de un Ejecutivo en minoría. La oposición, liderada por el peronismo, busca aprobar esta reforma antes de las elecciones de octubre, con la intención de que entre en vigor antes del recambio legislativo previsto para diciembre.
El oficialismo ha intentado frenar el avance del proyecto manteniendo cerradas las comisiones clave, pero la oposición logró que se reúnan y emitan un dictamen para fines de septiembre, lo que allanaría el camino para su tratamiento en el recinto. Aunque el gobierno podría vetar la ley, la oposición confía en que podrá superar ese veto antes del cambio de legislatura. La situación política actual, con tensiones internas y una relación deteriorada entre el oficialismo y los gobernadores, será determinante para el destino de esta reforma que podría transformar la manera en que se ejerce el poder ejecutivo en Argentina.