El Gobierno encara la elección en la provincia de Buenos Aires con una mezcla de cautela y preocupación tras semanas marcadas por escándalos y tensiones internas. Las recientes filtraciones y denuncias sobre supuestos sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad han generado un clima de incertidumbre que podría afectar la participación electoral y la confianza de los votantes. Además, existe inquietud sobre la capacidad de fiscalización frente al consolidado aparato del peronismo, que mantiene una fuerte presencia en el territorio.
Los libertarios, liderados por Javier Milei, también muestran reservas respecto al impacto de las acusaciones de corrupción que involucran al Presidente y a su hermana, temiendo que esto desanime a quienes los apoyaron en 2023 a acudir a las urnas. La baja participación, habitual en elecciones legislativas provinciales, se proyecta en un rango del 50 al 60 por ciento, lo que podría favorecer a otras fuerzas políticas no kirchneristas ni libertarias, como SOMOS y Hechos. La ausencia de apoyo de sectores del peronismo, que en 2023 ayudaron a los libertarios a debilitar al PRO, complica la estrategia de Milei, que ahora depende principalmente del respaldo de referentes del PRO.
En el oficialismo, la campaña ha oscilado entre el temor a una derrota y la necesidad de transmitir optimismo frente a la crisis económica y las denuncias de corrupción. El eje central ha sido evitar el regreso del kirchnerismo al poder nacional, con un discurso enfocado en la seguridad y la mano dura contra el delito, temas que preocupan a gran parte del electorado bonaerense. Sin embargo, la tensión por los recortes en fondos para discapacidad y salud, junto con declaraciones polémicas de funcionarios, han complicado aún más el panorama. En caso de una derrota, el Gobierno anticipa que la lectura política se centrará en la magnitud de la diferencia, considerando como triunfo una derrota ajustada y como desastre una caída superior al 10 por ciento.