El Gobierno pone en marcha un nuevo protocolo que permitirá a las fuerzas federales infiltrarse en redes sociales y plataformas digitales para investigar delitos complejos. La medida, oficializada a través de la Resolución 828/2025 firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca combatir ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas y el grooming, que cada vez más se cometen en el ciberespacio.
Este nuevo marco normativo regula la actuación de «agentes encubiertos digitales» y «agentes reveladores digitales», estableciendo criterios para su designación y medidas de seguridad para su infiltración en el mundo virtual. Hasta ahora, la Ley N° 27.319 solo reglamentaba la actuación presencial de los agentes encubiertos, dejando un vacío legal en cuanto a su intervención en plataformas digitales.
La normativa también contempla la creación de un «Registro de avatares», destinado a la creación y gestión de identidades falsas que apoyen las investigaciones penales. Estos perfiles de usuario, utilizados para obtener información de posibles delincuentes y organizaciones criminales, estarán bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.
El protocolo establece que el procedimiento se inicia con una orden judicial que autoriza el uso de un agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita a la fuerza policial o de seguridad correspondiente la propuesta de un agente que cumpla con los requisitos de idoneidad y capacitación establecidos en la Ley 27.319. La Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos evalúa la propuesta y decide si la acepta o la rechaza.
El agente designado elige los datos biográficos ficticios que utilizará para su misión y debe firmar una nota de aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación bajo un código de seguridad único y mantiene la documentación bajo custodia reservada. Además, se prevé que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pueda cargar los datos ficticios en sus bases de datos y emitir documentación física o digital de respaldo, en caso de ser necesario.
El uso de la identidad ficticia queda limitado exclusivamente a la misión judicial encomendada y, al finalizar la tarea, las autoridades deben eliminar la identidad falsa de todas las bases de datos. Solo de manera excepcional, se permite que el agente continúe utilizando la identidad falsa si se justifica para su seguridad personal o para una nueva investigación.
En 2024, Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y habilitó a las fuerzas federales a realizar ciberpatrullajes para prevenir delitos como amenazas, intimidación, operaciones comerciales ilícitas y comercialización de instrumentos públicos. Posteriormente, el ciberpatrullaje se amplió a las estafas piramidales y a los delitos de intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos.
En simultáneo a la implementación del nuevo protocolo, Bullrich también dispuso la creación de un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes Encubiertos, integrado por jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio de Seguridad y oficiales de alto rango de las fuerzas federales.