A pesar de las críticas internas y su menguante influencia política, Mauricio Macri ha decidido extender hasta 2026 la intervención del PRO en cinco provincias consideradas clave: Córdoba, Corrientes, Tucumán, Salta y Tierra del Fuego. Esta medida, que busca mantener el control sobre el armado de listas y evitar una mayor dispersión del partido, ha generado controversia dentro de la fuerza política.

La decisión de Macri responde a diversas problemáticas detectadas en estos distritos, como estructuras partidarias colapsadas, riesgo de judicialización, fragmentación de bloques legislativos y disputas internas sin resolución. Sin embargo, algunos dirigentes cuestionan la legitimidad de la intervención y la acusan de ser una maniobra para imponer candidatos a dedo.

En Córdoba, la interna es particularmente virulenta, con acusaciones cruzadas entre diferentes sectores del partido. La diputada Laura Rodríguez Machado denunció que la intervención fue impulsada por un grupo minoritario que no tenía los votos para ganar la interna. En Corrientes, la intervención se justificó por el riesgo de judicialización en el marco del cierre de listas, y Macri viajó personalmente para mostrar su apoyo al gobernador Gustavo Valdés y controlar la interna.

En Salta y Tierra del Fuego, las intervenciones se mantienen debido a la falta de estructuras partidarias sólidas. La estrategia nacional es reconstruir el partido con referentes de segunda línea y militancia residual. Tucumán representa otro desafío, ya que el PRO carece de fuerza territorial propia y debe definir su estrategia de alianzas para las próximas elecciones.

La situación a nivel nacional es delicada, y algunos dirigentes reconocen las dificultades para lograr buenos resultados electorales. En este contexto, Macri ha pedido a sus colaboradores «tratar de hacer la mejor mala elección», pero siempre «con dignidad».