El Gobierno nacional ha introducido cambios significativos en la regulación de armas semiautomáticas de uso civil, permitiendo su utilización en actividades deportivas bajo un régimen especial. La medida, oficializada a través del Decreto 397/2025, otorga a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) la facultad exclusiva para autorizar la adquisición y tenencia de este tipo de armamento.
La decisión pone fin a un sistema restrictivo que, durante más de 30 años, prohibió a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, específicamente aquellas símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR. El nuevo decreto sustituye esta prohibición general por un sistema de control administrado por la ANMAC, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Es importante destacar que la normativa se centra en armas que, si bien son de uso civil, guardan similitud estética y funcional con armamento militar, lo que había generado restricciones en su adquisición y tenencia. La modificación permite ahora que legítimos usuarios de armas de fuego puedan acceder a este tipo de armamento para actividades deportivas, siempre bajo la autorización y control de la ANMAC.
El Gobierno argumenta que la modificación responde a la necesidad de reevaluar los mecanismos de control sobre este tipo de armas. Señala que, durante más de tres décadas, la ANMAC aplicó criterios cada vez más restrictivos, lo que generó irregularidades en la tenencia de estos materiales, ya que muchos usuarios originales fallecieron sin poder transferir legalmente la titularidad a sus sucesores.
Además del Decreto 397/2025, el Gobierno también modificó la reglamentación de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos a través del Decreto 409/2025. Esta medida afecta directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
Entre los cambios más relevantes, se destacan la delegación de facultades a las autoridades de las fuerzas para autorizar la tenencia y portación de armas a su personal, la diferenciación de plazos de validez de las credenciales de legítimo usuario y la centralización de controles en la ANMAC. El Gobierno justifica esta reforma en la necesidad de modernizar y adecuar la reglamentación de la ley de armas frente a los desafíos actuales en materia de seguridad pública, control del material balístico y eficiencia administrativa.