El gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la política migratoria argentina, endureciendo las condiciones de ingreso y permanencia en el país. La reforma, que entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, introduce modificaciones en el acceso a la salud, la educación y el régimen de deportaciones.
Si bien se mantiene el acceso a servicios sociales, bienes públicos, educación, justicia, trabajo y seguridad social para todos los inmigrantes, se establecen restricciones según la categoría de residencia (permanente, temporaria o transitoria). En cuanto a la educación, los residentes temporarios podrán acceder a la educación inicial, primaria y secundaria, pero las universidades estatales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros.
En materia de salud, se exigirá a los residentes temporarios contar con un seguro de salud para ingresar al país. Sin embargo, se garantiza la atención de emergencia a todos los extranjeros, independientemente de su situación migratoria.
La reforma también establece nuevas condiciones para la naturalización, permitiendo acceder a la ciudadanía a quienes hayan residido en el país por un mínimo de dos años o hayan realizado una inversión relevante. Además, se endurecen los requisitos de ingreso, prohibiendo el ingreso a personas con condenas penales de 3 años o más, o que hayan facilitado el ingreso de inmigrantes ilegales.
El régimen de deportaciones también se endurece, permitiendo la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o que hayan incumplido los requisitos de ingreso y permanencia. Incluso, se podrá revocar la residencia permanente a quienes hayan cometido delitos dolosos o permanezcan fuera del país por un año o más.