Un gendarme ha sido trasladado a Neuquén tras detectar un caso de contrabando en un municipio de Formosa que está bajo la supervisión del gobierno de Javier Milei. Este incidente ha generado controversia y ha puesto de relieve las tensiones dentro de las fuerzas de seguridad y la gestión del gobierno en la lucha contra el contrabando en la región.
El gendarme, que se encontraba realizando su labor en el control de fronteras, identificó una operación de contrabando que involucraba el tráfico de productos ilegales. Sin embargo, en lugar de recibir reconocimiento por su trabajo, fue objeto de un traslado que muchos consideran una represalia. La decisión de enviar al gendarme a Neuquén ha suscitado críticas y ha llevado a cuestionar la postura del gobierno respecto a la lucha contra el contrabando y la seguridad en las fronteras.
En Formosa, se afirma que el operativo exitoso le costó el puesto a quienes estaban involucrados: las víctimas son personas cercanas al poder político de Las Lomitas.
Atilio Basualdo, el intendente de Las Lomitas, era uno de los dirigentes más favorecidos por Insfrán, pero decidió acercarse a los libertarios junto a Francisco Paoltroni. Luego de la salida del senador, Basualdo consolidó su vínculo con Bullrich.
Este episodio se suma a una serie de acciones que han generado preocupación en la población y entre los miembros de las fuerzas de seguridad. La falta de apoyo a los gendarmes que realizan su labor en condiciones difíciles ha sido un tema recurrente en los debates sobre la política de seguridad del gobierno actual. La situación en Formosa, donde el contrabando es un problema persistente, ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia más efectiva y de respaldo a los agentes que trabajan en el terreno.
Mientras tanto, el gobierno enfrenta críticas por su manejo de la seguridad y la eficacia de sus políticas en la frontera. La decisión de trasladar al gendarme ha sido vista por muchos como un intento de silenciar a aquellos que se atreven a denunciar irregularidades y contrabando, lo que podría tener repercusiones en la moral de las fuerzas de seguridad y en la capacidad del Estado para combatir este delito.