Jairo Guzmán, titular del PAMI en Santa Cruz y referente de La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de múltiples polémicas. A la denuncia por exigir el 10% del salario a empleados y profesionales del organismo para financiar al partido de Milei, se suma una denuncia por apropiación ilegal de bienes públicos y una condena judicial por discurso de odio contra la comunidad LGTB+.
La Justicia de Santa Cruz obligó a Guzmán a retractarse públicamente por publicar en sus redes sociales una imagen de una bandera LGTB+ prendida fuego, acompañada de un mensaje homofóbico. El fallo judicial, impulsado por la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos, también le exige participar en talleres de género. La Secretaria de Gobierno, Sara Delgado, enfatizó que los discursos de odio generan violencia y afectan a las diversidades, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Además, Guzmán enfrenta una denuncia por presunta apropiación indebida de bienes públicos del PAMI. Se lo acusa, junto a Lucas Oyarzo Mansilla, coordinador de Políticas Sociales en la Unidad de Gestión Local XXVIII, de sustraer cámaras de seguridad adquiridas por el PAMI para instalarlas en su domicilio particular y en un local partidario de La Libertad Avanza. También se los señala por el robo de mobiliario institucional, incluyendo ficheros y sillas, que habrían sido trasladados desde la sede del PAMI a distintos locales partidarios de LLA en Santa Cruz.
Según OPI Santa Cruz, Guzmán exigía a Sergio Torres, ex delegado del PAMI en Caleta Olivia, y a otros responsables de entes nacionales, el «aporte obligatorio» del 10% del salario de empleados y médicos asociados a la obra social para destinarlo al partido de Milei. Ante la negativa de Torres, Guzmán lo despidió, lo que derivó en una denuncia penal por corrupción y tentativa de extorsión. También se investiga el destino de los fondos recaudados, que habrían sido depositados en cuentas personales en lugar de cuentas del partido.