El Gobierno argentino se encuentra en la fase final de negociación para establecer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el número 23 en los últimos 70 años. La Casa Rosada busca firmar este acuerdo, conocido como Extended Fund Facility (EFF), antes de finales de abril. Este proceso ha estado en marcha durante casi cuatro meses, y aunque se han delineado algunos aspectos generales, los detalles específicos aún están en discusión. La administración espera que el Congreso apruebe el decreto que autoriza esta negociación.
Uno de los principales objetivos de este nuevo acuerdo es aliviar el calendario de pagos al FMI y obtener financiamiento adicional. Las proyecciones iniciales sugieren que el programa podría oscilar entre 20.000 y 25.000 millones de dólares. El decreto establece que se realizarán desembolsos de dólares y que habrá un aplazamiento en varios pagos programados para los próximos años. Un elemento crucial es un período de gracia de cuatro años y medio, aunque el monto exacto del financiamiento adicional aún no ha sido definido.
Se estima que para cancelar la primera Letra Intransferible del cronograma, que vence el 1° de junio y tiene un valor nominal de 10.000 millones de dólares, el Gobierno necesitaría alrededor de 3.000 millones de dólares en financiamiento del FMI. Esto se debe a que las letras tienen diferentes valoraciones en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, donde su valor se ajusta a un 30% del nominal. Además, se anticipa que la tasa de interés del nuevo acuerdo se ubicará en un 6,47% anual.
El mercado está atento a las implicaciones de este acuerdo, especialmente en lo que respecta a la política cambiaria y el uso de los fondos. Algunos economistas advierten que el FMI podría imponer limitaciones sobre cómo se pueden utilizar los dólares, lo que podría afectar el tipo de cambio actual. La incertidumbre persiste en torno a la legalidad del proceso de aprobación del acuerdo, ya que el Gobierno ha optado por un decreto en lugar de buscar el respaldo del Congreso, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y apoyo político.