El gobierno argentino está a punto de presentar un nuevo Código Penal, que se enviará al Congreso durante las próximas sesiones ordinarias. Este proyecto, elaborado por un equipo de especialistas bajo la dirección del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca endurecer las penas por corrupción, así como por delitos cometidos por piqueteros y barrabravas. Además, se propone proteger a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su deber.
El nuevo Código, que reemplazaría una normativa vigente desde 1921, ampliará su contenido de 316 a 540 artículos, incorporando cerca de 1,000 leyes especiales. Se dividirá en tres libros: el primero abordará la Parte General, el segundo la Parte Especial y el tercero se enfocará en delitos contra el orden internacional.
Una de las reformas más relevantes es la que establece un «impedimento de acceso a la libertad condicional» para quienes cometan delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o abuso sexual. La pena de prisión perpetua se fijará en 35 años, y en 40 para reincidentes. Además, se incluirá una sección sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad, donde se estipula que no serán penalizados aquellos que actúen en cumplimiento de su deber.
El proyecto también contempla nuevas modalidades delictivas, como estafas piramidales y fraudes informáticos, con penas de hasta siete años de prisión. En cuanto a los barrabravas, se incrementarán las penas para delitos cometidos en eventos deportivos, y se establecerán sanciones más severas para los piqueteros que interrumpan el tránsito sin autorización.
Por otro lado, se endurecerán las penas por incendios intencionales, que pasarán de un año a un rango de tres a diez años, aumentando a 25 años si se producen víctimas fatales. En el ámbito de la corrupción, las penas serán de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas será de por vida.
El nuevo Código también abordará delitos relacionados con la violencia de género y la explotación sexual, aumentando las penas para violaciones y abusos infantiles. La propuesta incluye la creación de un apartado específico para crímenes organizados y delitos de guerra, reflejando un enfoque más riguroso hacia la justicia en Argentina.