Durante el primer año de la presidencia de Javier Milei, se ha implementado un ajuste significativo en los subsidios de servicios públicos, resultando en que más de 1,1 millones de hogares argentinos ya no reciban asistencia en sus facturas de luz y gas. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), al cierre de 2024, se registraron 838.466 hogares menos beneficiados con subsidios en electricidad y 292.612 en gas natural.
Este recorte en los subsidios, que superó los 3.000 millones de dólares durante el año, ha sido parte de una estrategia más amplia del gobierno para reducir el gasto público y lograr un superávit fiscal. La política de Milei ha incluido fuertes aumentos en las tarifas de servicios, un proceso que se ha visto acompañado por una desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año. Sin embargo, el impacto de estos cambios ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente aquellos que dependen de los subsidios para hacer frente a sus gastos básicos.
La Secretaría de Energía, bajo la dirección de María Tettamanti, ha indicado que el ajuste en los subsidios se ha realizado con el objetivo de mejorar la focalización de la asistencia. Actualmente, de los más de 16 millones de usuarios residenciales de electricidad, cerca de 9,5 millones reciben algún tipo de subsidio. En el caso del gas, la cifra es similar, con más de 5 millones de usuarios beneficiados.
A medida que se acerca 2025, el gobierno planea continuar con su política de «motosierra» en los subsidios, lo que implica un recorte aún mayor en la asistencia. En enero, se prevén nuevos aumentos en las tarifas: un 1,6% para la electricidad y un 1,8% para el gas. Esta estrategia busca mantener la inflación bajo control y estabilizar la economía, pero también plantea interrogantes sobre el bienestar de las familias más vulnerables que se ven afectadas por estos cambios.
El panorama para el próximo año sugiere que el gobierno de Milei continuará enfrentando desafíos significativos en su intento de equilibrar las cuentas públicas mientras gestiona las necesidades de una población que ha visto reducida su capacidad de acceder a servicios esenciales.