El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas S.A. mediante el decreto 873/2024, argumentando que la situación financiera de la aerolínea es insostenible. Esta medida se justifica en un contexto donde la empresa ha reportado pérdidas constantes, las cuales han sido cubiertas exclusivamente con fondos públicos. Desde su reestatización en 2008, Aerolíneas ha recibido aproximadamente 8.000 millones de dólares en aportes del Tesoro Nacional, lo que ha generado una carga financiera considerable para el Estado.
El decreto se basa en la Ley N° 23.696, que permite la venta de activos o acciones de empresas estatales. En el documento se menciona la necesidad de adaptar la gestión de Aerolíneas a los estándares del mercado global, citando ejemplos de otras aerolíneas como Air Canadá, Qantas y Lufthansa, que no tienen una alta participación estatal. El Gobierno sostiene que esta privatización permitirá a Aerolíneas operar con criterios de eficiencia comercial, lo que a su vez podría reducir la carga financiera sobre el Estado y fomentar la competencia en el sector aéreo.
Además, en el marco de una crisis económica y un aumento en los niveles de pobreza, el Gobierno argumenta que los recursos fiscales limitados deben ser utilizados para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta decisión ha suscitado diversos comentarios y preocupaciones sobre el futuro del transporte aéreo en Argentina y la posibilidad de que la privatización afecte la calidad del servicio y el acceso a los vuelos.
La privatización de Aerolíneas Argentinas se inscribe en un contexto más amplio de reformas impulsadas por el actual Gobierno, que busca optimizar el funcionamiento de empresas estatales y reorientar los recursos hacia áreas prioritarias. La medida ha generado un debate en la opinión pública sobre el papel del Estado en la economía y las consecuencias que podría acarrear para los trabajadores de la aerolínea y los usuarios del servicio.