Un juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha dictado una medida cautelar que suspende temporalmente la resolución del Ministerio de Economía que prohibía a los municipios cobrar sus tasas a través de las boletas de servicios. Esta decisión se produce en respuesta a un pedido del municipio de Pilar, que argumenta que la prohibición podría estar vulnerando su autonomía municipal.
La resolución del juez permite que el municipio de Pilar pueda continuar cobrando la Tasa de Servicios Generales y otras tasas relacionadas con la provisión de servicios públicos, como la del gas, incluyéndolas en las facturas emitidas por las empresas prestadoras. El fallo destaca que, según la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los municipios tienen el derecho de establecer sus propias ordenanzas y reglamentos, lo que incluye la capacidad de recaudar tasas necesarias para el funcionamiento de los servicios municipales.
El Tribunal de Ética recibió el caso y ahora deberá evaluar las circunstancias y decidir sobre la validez de la resolución del Ministerio de Economía. La decisión judicial es un alivio para Pilar, que había manifestado que la imposibilidad de cobrar estas tasas de manera habitual afectaría directamente su capacidad financiera y operativa.
Este conflicto se suma a una serie de tensiones entre el gobierno nacional y los municipios, que han estado en el centro de un debate sobre la autonomía local y la capacidad de los gobiernos municipales para gestionar sus recursos. La resolución del juez abre la puerta a que otros municipios sigan el mismo camino y busquen medidas similares para garantizar su autonomía y recursos.