El gobierno se encuentra en medio de una creciente tensión en el sector del transporte, ya que se prepara para traspasar, por decreto, el manejo de 31 líneas de colectivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta decisión, que podría hacerse efectiva a partir de septiembre, no solo significa un cambio en la administración de los recorridos y tarifas, sino que también implica la eliminación de subsidios que actualmente benefician a estas líneas, lo que podría traducirse en un aumento significativo del costo del pasaje para los usuarios.
La medida está enmarcada en un contexto de disputas por la coparticipación y la financiación del transporte público. Según fuentes del Ejecutivo Nacional, el decreto está casi listo y se está negociando si el traspaso se realizará de manera inmediata o si se implementará un período de transición que permita mitigar el impacto en los usuarios. Sin embargo, el alcalde de CABA, Jorge Macri, ha expresado que la ciudad no tiene los recursos financieros necesarios para asumir de inmediato la carga económica que representa el manejo exclusivo de estas líneas, lo que añade presión a las negociaciones.
El impacto de esta decisión podría ser considerable, ya que el costo real del boleto para estas líneas es de aproximadamente 863 pesos, de los cuales los usuarios solo aportan 371 pesos. La eliminación de los subsidios significaría que el precio del pasaje podría elevarse a 642 pesos, lo que generaría un descontento generalizado entre los usuarios y potencialmente pondría en riesgo la continuidad del servicio de transporte. Además, las empresas de transporte advierten que sin los subsidios, su viabilidad económica se vería comprometida.
En este sentido, la situación se torna más compleja al considerar que las líneas de colectivos nacionales que operan en el Área Metropolitana seguirán recibiendo subsidios del gobierno nacional, lo que podría generar disparidades en el precio del transporte dentro de la misma ciudad. Esta medida no solo afecta a los usuarios, sino que también plantea desafíos significativos para la administración local y la relación entre la Nación y la Ciudad, que ya es tensa por cuestiones de coparticipación y financiación.