La Cámara de Diputados de Argentina se prepara para debatir la Ley Finocchiaro, que tiene como objetivo regular las huelgas docentes y garantizar la apertura de las escuelas durante los días de paro. Impulsada por el diputado del PRO, la propuesta ha generado un amplio consenso entre varios bloques legislativos, incluidos la UCR, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Sin embargo, ha encontrado una fuerte oposición por parte de los sindicatos del sector educativo, que la consideran una restricción a los derechos de huelga.
El proyecto establece que, en caso de paro, al menos el 30% del personal docente debe asistir a las escuelas durante los primeros dos días de huelga, y este porcentaje aumentaría al 50% si la medida se extiende más allá de ese período. La iniciativa busca clasificar la educación como un «servicio estratégico esencial», lo que implica que, a pesar de las protestas, se debe garantizar un mínimo de continuidad en las clases. Según el diputado Finocchiaro, «el día que hay una medida de fuerza la escuela debe estar abierta», argumentando que esto no vulnera el derecho a huelga, sino que lo regula.
Las autoridades educativas, en cumplimiento de la nueva ley, tendrían que informar anualmente sobre el personal que estará afectado a esta medida, lo que permitiría una mejor planificación y reducir la interrupción del servicio educativo. A pesar del apoyo legislativo, la propuesta ha suscitado una fuerte reacción de los gremios docentes, con CTERA organizando una «Jornada nacional de lucha» y una movilización frente al Congreso para expresar su desacuerdo.
El debate sobre la Ley Finocchiaro refleja tensiones más amplias en torno a los derechos laborales y la educación en Argentina. Mientras algunos legisladores, como Marcela Pagano, defienden la iniciativa argumentando que «la educación es un servicio esencial», opositores sostienen que la ley tiene un enfoque restrictivo que podría afectar la capacidad de los docentes para hacer valer sus derechos en un contexto de creciente descontento en el sector educativo.