La administración de Javier Milei ha implementado una serie de reformas al régimen laboral del Estado. A través del decreto 695/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo busca dotar de mayor eficiencia y transparencia al empleo público, introduciendo evaluaciones objetivas, una reorganización del personal y la posibilidad de desvinculaciones.
Una de las novedades más destacadas es la creación de la «Evaluación General de conocimientos y competencias», un examen anónimo que determinará el ingreso de nuevos agentes estatales. «De esta manera, se evita repetir la estrategia kirchnerista de militarizar el Estado con recursos sin las competencias requeridas», subrayó el ministro Federico Sturzenegger.
Además, el desempeño del personal será evaluado constantemente, condicionando los ascensos a nuevas instancias de evaluación. «Nunca es un mal momento para garantizar que los ingresos sean de personal idóneo», manifestó Sturzenegger, dejando en claro la intención de elevar los estándares.
Sin embargo, las modificaciones no se limitan al sistema de ingreso. El Gobierno ha iniciado un proceso de reestructuración que implica la no renovación de contratos y la disponibilidad de personal de planta permanente. Para gestionar esta reorganización, se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.
«Hoy el Estado está en un proceso de achicamiento, con una reducción de más de 20.000 agentes», explicó el funcionario. No obstante, el personal afectado contará con períodos de disponibilidad remunerada y posibilidades de reubicación, dependiendo de su antigüedad laboral.
Otra medida clave es la flexibilización del régimen de contrataciones, que permitirá la designación de personal por tiempo determinado y en plantas transitorias para actividades estacionales. Esta modalidad no otorgará estabilidad laboral.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el decreto contempla un sistema de sanciones por infracciones como llegadas tarde, inasistencias y condenas judiciales. La búsqueda de eficiencia en el servicio público es uno de los objetivos centrales.
Si bien algunos sectores han expresado preocupación por posibles despidos masivos, el Gobierno enfatiza que las medidas apuntan a modernizar y profesionalizar el empleo estatal. La introducción de evaluaciones objetivas y la reorganización del personal buscan desterrar los ingresos por amiguismo y militancia partidaria.
En definitiva, con esta batería de cambios, el Ejecutivo pretende sentar las bases de un Estado más eficiente, transparente y alejado de las prácticas clientelares del pasado. La profesionalización del empleo público se perfila como un pilar clave de la gestión libertaria.