Acusan a Lacalle Pou de destruir pruebas en medio de un escándalo narco

En Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou se encuentra sumido en una profunda crisis política debido a las acusaciones de protección a un narco llamado Sebastián Marset. La situación se ha agravado recientemente con la renuncia de cinco funcionarios de alto rango, incluyendo al Canciller Francisco Bustillo y al ministro del Interior Luis Heber. Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, Carlos Mata, de Asuntos Jurídicos de la cancillería, y Roberto Lafluf, asesor de comunicación estratégica e imagen del presidente, también han dejado sus cargos.

Lacalle Pou regresó de Estados Unidos, donde participó en una cumbre organizada por Joe Biden, y convocó a una reunión con sus aliados para dar explicaciones sobre el escándalo narco. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a sus propios partidarios ni a la oposición, quienes afirman que el gobierno estaba al tanto de la identidad de Marset y que incluso se destruyeron pruebas para evitar el escándalo.

El senador opositor Charles Carrera ha sido uno de los más activos en seguir el caso desde el Congreso. Según Carrera, antes de la interpelación del Congreso en agosto de 2022, hubo una reunión en la que autoridades del Ministerio del Interior y de Cancillería, junto con el asesor Roberto Lafluf, se organizaron para mentir y decir que no conocían a Marset. Sin embargo, posteriormente salió a la luz pública que sí sabían quién era. Además, se habría llevado a cabo una reunión en las oficinas del presidente con el objetivo de destruir pruebas y no acatar una sentencia judicial.

Estas acusaciones de confabulación para mentir al Parlamento y ocultar información representan un grave escándalo político con repercusiones institucionales. La situación se ha vuelto aún más complicada con la denuncia de destrucción de pruebas por parte de la ex vicecanciller, quien afirma que en reuniones en las oficinas presidenciales se habrían eliminado chats y documentos adjuntos. Este acto constituye un delito de destrucción de documentos públicos y se está investigando a fondo.