El destino de las PASO a nivel nacional podría definirse en el Senado Bonaerense

Hace meses que los gobernadores presionan al Presidente con la suspensión de las PASO. Esa presión persiste porque fue uno de los pedidos que le hicieron para apoyar varias medidas del ejecutivo nacional.

Pero lo cierto es que más allá de lo que desee el Presidente, las opiniones están muy divididas, ya que tanto la suspensión como la realización de las PASO tienen apoyo de espacios diversos, tanto oficialistas como opositores.

Alberto Fernández habilitó el debate en el Congreso, pero muy poco tendría que ver el Presidente en la definición.

Ante este panorama nacional, surge un detalle importante que no se menciona demasiado y podría modificar los deseos de varios gobernadores y espacios políticos: si el senado bonaerense decide lo que hará la provincia, definiría prácticamente de manera directa sobre el futuro de las paso por lo menos para el presente año.

La provincia de Buenos Aires representa aproximadamente el 37% del electorado nacional. Además tiene una ley propia de PASO lo que hace difícil que actores externos logren ejercer una presión importante. Paralelamente, CABA tampoco quire suspender las PASO y repersenta el 8% del electorado que sumado a la provincia de Buenos Aires sumarían el 45% del Nacional.
Kicillof no está tan preocupado por la cuestión ya que por la complejidad que significa administrar la provincia, está enfocado fundamentalmente en temas de reactivación económica y epidemiológicos.

En definitiva, Buenos Aires define por sí misma si hay o no hay PASO y en la legislatura bonaerense, la mayoría es de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, el grupo de senadores liderado por Roberto Costa adquiere un protagonismo que no se percibe mediáticamente pero que en la práctica puede desempeñar un rol protagónico en el desenlace de este tema.

El jefe de la bancada opositora realizó una propuesta intermedia, que consiste en dejar las PASO pero que se apliquen únicamente para definir los candidatos en los espacios que realmente lo requieran. O sea, que no participen los partidos que llevan lista única. De esa manera se acotaría la movilización masiva de gente concurriendo a votar, siempre que entre los cambios se modifique la obligatoriedad de votar.

Costa está al frente de un bloque formado por legisladores de la UCR, el PRO, peronismo no K y CC, que tiene una estratégica mayoría en el Senado.
“La definición sobre lo que va a ocurrir o no en la Provincia con respecto a las PASO las toma la Legislatura”, aclaró Costa, en un mensaje directo al Ejecutivo bonaerense.

En desacuerdo con la postura intermedia del jefe de senadores de Juntos por el Cambio, la vocera del gobierno provincial, Teresa García afirmó: “Eso es arbitrario y lo que hay que observar es cómo están las cuestiones sanitarias y la circulación del virus, no las cuestiones políticas o partidarias”.
“Imaginemos que hiciera falta en La Matanza. Eso implicaría movilizar a dos millones y medio de personas a escuelas, en aulas reducidas, en lugares cerrados y en pleno período invernal, porque las PASO son en agosto”, declaró.
Sobre lo que hará la Provincia, García cree que la decisión debería ir en sintonía con el resto de las provincias. “No tiene ningún sentido desacoplarnos del resto”, dijo, en un mensaje que pareció destinado a la oposición.

Claro que aunque tiene cierta lógica, la vocera del ejecutivo provincial no hace mención a que su postura impediría el derecho a elegir candidatos o a presentarse como tal. La población juega un rol participativo en las PASO justamente en los casos que Roberto Costa resalta y quiere mantener.

La propuesta de Costa permitiría a aquellos que tengan intenciones de presentarse puedan hacerlo y puedan poner a consideración de los vecinos si cuentan o no con el apoyo necesario para participar de las generales. Ello sin necesidad de que se movilice el total del electorado.

El final de las PASO es completamente abierto. Ni el gobierno nacional ni el bonaerense parecen tener la fuerza o herramientas como para imponer su voluntad.
La decisión podría depender del senado de la provincia de Buenos Aires.