Las vías de La Tronchita, en el noreste de Chubut, fueron liberadas el 10 de enero por efectivos de la Gendarmería Nacional que actuaron por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto.
La Fiscalía Federal de Esquel inició una investigación para determinar si se cometieron delitos durante el operativo para liberar las vías del tren La Trochita, que se encuentra en una zona de conflicto territorial entre la comunidad mapuche y la empresa Benetton.
Las vías de La Tronchita, en el noreste de Chubut, fueron liberadas el 10 de enero por efectivos de la Gendarmería nacional que actuaron por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien el mismo día aclaró que el objetivo no fue desalojar a una comunidad mapuche del territorio ancestral que forma parte de la estancia del empresario italiano Luciano Benetton.
La fiscal Silvina Ávila requirió hoy información a la Gendarmería nacional para determinar en qué horario comenzó y finalizó la ejecución de las medidas dispuestas por la justicia federal a fin de evaluar si hubo irregularidades en los procedimientos.
La representante del Ministerio Público también indagará si los efectivos de la Gendarmería recibieron órdenes de alguna autoridad judicial de la provincia o pedidos de colaboración de la policía de Chubut, dado que el mismo día se produjo otro allanamiento, ordenado por la justicia local, en el que hubo heridos.
El 10 de enero se desarrolló una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Federal de Esquel que tuvo por objetivo retirar los obstáculos que impedían la circulación del tren conocido como “La Trochita” que se encuentra en la zona de conflicto territorial.
«Tras el fracaso de las negociaciones llevadas adelante en la mesa que impulsó la justicia federal a lo largo del año pasado con el gobierno provincial, garantes, asesores y la comunidad, se intimó a las partes a remover los obstáculos de las vías y luego ordenó el procedimiento», recordó el portal de noticias de la Procuración General.
En el marco de ese desalojo fueron detenidos Nicolás Daniel Hernández Huala, Ariel Mariotto Garzi y Ricardo Darío Antigual, a quienes se les imputaron los delitos de impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado.
También el martes pasado, después de las 19, se produjo un segundo allanamiento contra un grupo de miembros de la comunidad, esta vez por orden de la justicia provincial, por el supuesto delito de robo de ganado.
«Como resultado de esos hechos, varios miembros de la comunidad resultaron heridos y debieron ser internados en distintos centros de salud de la provincia. Además, siete personas fueron detenidas y luego liberadas. No obstante, los procedimientos fueron declarados legales por la justicia provincial», aclaró el sitio Fiscales.