El Gobierno argentino ha adelantado a la Unión Industrial Argentina (UIA) su intención de derogar la Ley de Abastecimiento. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con autoridades de la UIA para transmitirles esta decisión, en línea con la política desregulatoria del gobierno. La Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 y modificada en 2014, permite fijar precios máximos y márgenes de utilidad, además de aplicar sanciones a las empresas que aumenten de manera injustificada los precios. Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno por promover el libre comercio y la eliminación de regulaciones que consideran obstáculos para el desarrollo económico.
La Ley de Abastecimiento autoriza a la Secretaría de Comercio a imponer sanciones en caso de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios esenciales. También permite al Estado establecer precios máximos, mínimos y de referencia, así como regular la fabricación, comercialización y distribución de productos. Asimismo, se faculta al Estado a sancionar a las empresas que aumenten los precios de manera injustificada, acaparen mercadería o restrinjan la venta de forma injustificada. El gobierno considera que derogar esta ley es fundamental para promover el libre comercio y eliminar barreras que dificultan el crecimiento económico.
Esta decisión del gobierno genera opiniones encontradas. Por un lado, sectores empresariales y defensores del libre mercado la ven como una medida positiva para fomentar la competitividad y la inversión. Por otro lado, hay quienes expresan preocupación por la posible eliminación de una regulación que busca proteger a los consumidores y evitar abusos de las empresas. La derogación de la Ley de Abastecimiento aún debe ser aprobada por el Congreso, por lo que se espera un debate en torno a esta medida en los próximos meses.