El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha escalado con la reciente decisión del Ejecutivo de asumir el control total de la institución educativa, generando una serie de reacciones y tensiones. La medida, firmada por el Ministerio de Capital Humano, implica que el gobierno no solo desconoce las autoridades electas de la universidad, sino que también ha anunciado la intención de denunciar por «usurpación» a los trabajadores que intenten acceder a las instalaciones. Este conflicto se produce en un contexto de revisión de las universidades creadas por el kirchnerismo, lo que ha levantado suspicacias sobre las motivaciones políticas detrás de esta decisión.
El rector normalizador, Eduardo Maurizzio, ha justificado la prohibición de ingreso al edificio por cuestiones de «seguridad e higiene», mencionando que los seguros de vida de los trabajadores y otros elementos de seguridad se encuentran vencidos. Sin embargo, la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha denunciado que el gobierno está utilizando a la Policía Federal para impedir el acceso a los trabajadores, lo que ha llevado a protestas y movilizaciones por parte del personal y los estudiantes de la universidad.
La Universidad Madres de Plaza de Mayo ha estado en tela de juicio no solo por su vinculación histórica con las Madres de Plaza de Mayo, sino también por los subsidios y beneficios económicos que ha recibido, lo que ha generado dudas sobre su verdadero objetivo de formación. La intervención del gobierno no solo pone en riesgo la autonomía de la universidad, sino que también se enmarca en un contexto más amplio de control sobre instituciones que han estado ligadas a la oposición.
La reacción de la comunidad educativa ha sido contundente, rechazando la intervención y exigiendo el respeto a la autonomía universitaria. A medida que se intensifica la confrontación, queda claro que la situación en la Universidad Madres de Plaza de Mayo es un reflejo de la polarización política que atraviesa Argentina, donde las decisiones del gobierno no solo afectan la educación, sino también el ejercicio de derechos fundamentales.