La situación en la embajada argentina en Caracas se ha vuelto crítica para los opositores al régimen de Nicolás Maduro que se encuentran asilados allí. Desde hace más de tres días, la representación diplomática está bajo asedio por parte de fuerzas de seguridad del chavismo, que han bloqueado el acceso y han cortado el suministro de electricidad, dejando a los asilados en condiciones extremas. Este asedio se intensificó tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, lo que llevó a que la embajada esté actualmente bajo la protección del gobierno de Brasil.
Pedro Urruchurtu Noselli, uno de los asilados, ha compartido en redes sociales la dramática situación, informando que ya son más de 60 horas de asedio continuo. Entre los asilados se encuentran figuras destacadas de la oposición, como la jefa de campaña de las elecciones presidenciales y exdiputados, quienes ahora enfrentan un ambiente hostil y de incertidumbre. La presencia de agentes encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la policía nacional ha incrementado la tensión en el área, con la posibilidad de que cualquier provocación pueda desencadenar una respuesta violenta.
La Cancillería Argentina ha emitido un comunicado condenando estos actos de hostigamiento, subrayando que tales acciones son una violación del derecho internacional que protege a las sedes diplomáticas y a quienes buscan asilo. El comunicado hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en contra de estas prácticas y exija los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan salir del país.
A medida que la situación se agrava, los temores sobre la seguridad de los opositores aumentan, especialmente ante la falta de apoyo diplomático argentino en el país. La incertidumbre sobre el futuro de estos asilados se convierte en un reflejo de la crisis más amplia que enfrenta Venezuela bajo el régimen de Maduro, donde la represión y el control sobre la disidencia son cada vez más evidentes.