Fernanda Raverta, directora de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), fue denunciada por presunta administración fraudulenta en relación al canje de bonos en dólares.
La denuncia fue presentada por Graciela Ocaña, diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI, y apunta tanto a Raverta como al presidente Alberto Fernández y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Según Ocaña, el canje de bonos en dólares de la ANSES fue realizado con una tasa de interés muy baja, lo que generó un perjuicio económico para el Estado.
A raíz de estas acusaciones, Sergio Massa ha sido denunciado penalmente por un posible acto delictual, y tanto él como el presidente Fernández deberán presentarse a declarar en calidad de testigos en la causa. Por su parte, Raverta ha negado las acusaciones y se ha defendido asegurando que el canje de bonos fue realizado de manera legal y transparente.
La figura de Fernanda Raverta ha cobrado gran relevancia en los últimos meses debido a su papel al frente de la ANSES, un organismo clave en el sistema de seguridad social argentino. En este contexto, las acusaciones en su contra generan preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos del Estado.
El caso también pone de manifiesto la complejidad de la gestión pública y el delicado equilibrio entre los intereses políticos y económicos. La denuncia contra Fernanda Raverta y las demás figuras políticas involucradas deja en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de los recursos públicos, así como de una mayor responsabilidad en la toma de decisiones que afectan a la economía del país y al bienestar de su población.
Además de las acusaciones por presunta administración fraudulenta en el canje de bonos en dólares, Fernanda Raverta ya ha sido denunciada por favorecer a la ex presidenta Cristina Kirchner con una doble pensión de privilegio. Según la denuncia presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña, Raverta habría realizado maniobras fraudulentas para permitir que Kirchner cobre una pensión como expresidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner, lo que se considera un beneficio ilegal y viola la ley de Ética Pública.
Estas denuncias generan dudas sobre la gestión de la ANSES y la integridad de sus funcionarios, así como sobre la independencia de los poderes del Estado en Argentina.