La ministra Marcela Losardo señaló que la conformación del cuerpo «no va a arrogarse atribuciones de otros poderes». Desde la oposición y la Asociación de Magistrados criticaron la iniciativa oficial.

El Gobierno aclaró que la eventual conformación de una comisión bicameral parlamentaria para «analizar el funcionamiento» de la Justicia «no va a arrogarse atribuciones de otros poderes», mientras la Asociación de Magistrados y dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta criticaron la iniciativa oficial.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, indicó que la eventual conformación de una comisión en ese sentido «no va a arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias», por lo que «no podrá sancionar» a los magistrados, ya que esa acción «no es constitucional».

De esta manera, la funcionaria salió al cruce de las críticas opositoras y de parte de la corporación judicial a la idea de conformar una comisión bicameral que ejerza un «control cruzado» sobre el Poder Judicial, un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el lunes pasado, al dejar inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias.

«Lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas», precisó la ministra Losardo en diálogo con El Destape Radio.

Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa del último lunes fue que «el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución», es decir, «que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene».

«La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado» detalló la funcionaria

El lunes pasado, Fernández le reclamó al Congreso que asuma un rol activo, después de repasar una serie de casos emblemáticos que, según su criterio, evidencian la utilización de la justicia para perseguir opositores durante el Gobierno de Cambiemos y la protección de quienes fueron los encargados de ejercer esa persecución.

En ese contexto, aludió sin nombrarlo, al fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en una causa en la que se investiga una organización de espionaje ilegal con terminales en el Estado.

«La bicameral estudiará el funcionamiento del Poder Judicial dentro de sus atribuciones»
MARCELA LOSARDO, MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

«Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado», dijo el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

El llamado a que el Poder Legislativo asuma un papel activo frente al Poder Judicial se combinó con un reclamo por el fallido tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma judicial y la ley de Ministerio Público, ambas con media sanción del Senado.

Las críticas de la oposición

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló en un tuit que «la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para ‘controlar’ a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza».

«La Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal, y es esencial que exista una clara división de poderes en un sistema republicano», añadió el titular del Ejecutivo porteño.

Argumentó que «la Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente».

«Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia», concluyó Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes macristas que fue víctima del espionaje durante la gestión de Mauricio Macri.

Las críticas del Presidente al funcionamiento de algunos jueces y fiscales prendió luces de alarma en la corporación judicial, fundamentalmente, en aquellos que, como Stornelli o el juez Gustavo Hornos (sobre quien pesa un pedido para que renuncie a la presidencia de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país) son sospechados de vínculos con el macrismo.

Aludido por Fernández en su discurso, Stornelli, en las últimas horas salió en su defensa, al afirmar que, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el Presidente introdujo «cuestiones que son falsas» y dejó un mensaje que en los Pasillos de Comodoro Py, fue leído como una velada advertencia.

«Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes», lanzó Stornelli en una entrevista con A24.

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, afirmó que «la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un Estado democrático» y rechazó la idea de que el Congreso ejerza un «control cruzado» sobre el Poder Judicial.

«La Asociación se encuentra en el triste deber de tener que señalar que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que degraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que todos debemos construir», señalaron.

En un comunicado firmado por las autoridades del organismo, encabezado por su titular, Marcelo Gallo Tagle, la asociación aseveró también que «sin la independencia del Poder Judicial no hay República».

Por otra parte, el camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se manifestó «de acuerdo» con aumentar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura para lograr un órgano «mejor y más ágil».

En una entrevista con El Destape Radio, Lugones consideró, además, que en el Consejo «hoy están muy divididas las aguas», situación que hace el trabajo «más difícil» por lo que consideró que «se puede lograr un Consejo mejor que llegue a consensos».

Consultado sobre el pedido del Presidente para que el Congreso haga un «control cruzado», Lugones pidió «primero ver el proyecto de la bicameral de monitoreo del Poder Judicial» y añadió que «el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones, ya que para las sanciones está el Consejo de la Magistratura».