Según la Procuración de Investigaciones Administrativas, «la Argentina recibió el visto bueno del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción».
La OEA dijo que la Argentina cumple con las recomendaciones para combatir la corrupción y lo hizo a través de un informe favorable que elaboró el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).
«La Argentina recibió el visto bueno del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos)», informaron a Télam desde la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
El comité de expertos del Mecanismo aprobó el informe final respecto a la Argentina, tras realizar el análisis integral sobre la aplicación de las recomendaciones que le fueron formuladas al país a fines de 2008.
Esas sugerencias se referían por un lado a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, y por otra parte a la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, según informó la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), cuyo titular, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, asistió a la reciente 28° reunión del Mesicic en la sede de la OEA en Washington.
Las recomendaciones del mecanismo apuntaban asimismo a proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; a la tipificación de los actos de corrupción; y a los nuevos desarrollos vinculados a la implementación de esas disposiciones.
El informe del Mesicic dió luz verde a las medidas destinadas a «crear, mantener y fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades».
El Mecanismo repasó los datos recabados durante la visita realizada a Buenos Aires por funcionarios de la OEA a comienzos de octubre pasado, ocasión en que «se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por la Argentina, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado sobre los temas bajo análisis».
Entre los avances en la implementación de las recomendaciones el informe destacó la realización de actividades de capacitación para la confección de perfiles de empleos públicos y los procesos de selección.
Se mencionó también la adopción de nuevas normas para la vinculación de servidores públicos a través de sistemas de mérito, como el decreto 2098/2008 (Sistema Nacional de Empleo Público – SINEP) y la ley 26.861 de 2013 (de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial y al Ministerio Público).
Otros puntos señalados fueron: la adopción de nuevas normas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en los poderes Ejecutivo (decreto 1030/2016); y Legislativo (resoluciones 1145/12 y 318/16 de las cámaras de Diputados y Senado, respectivamente).
En la misma materia se encomió la resolución 254/15 en el ámbito del Poder Judicial; así como la resolución 1107/14 y la disposición 230/11 de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
Pese a la aprobación del informe, los expertos de la OEA advirtieron que «quedan vigentes» algunas de las recomendaciones formuladas al país, a fin de avanzar aún más en la elaboración de perfiles de empleos públicos y en la regularización de la situación de revista de esos agentes; y para garantizar que la contratación directa de bienes y servicios sea consecuencia de la aplicación estricta de las excepciones previstas en la ley.
El Mecanismo alentó, por último, la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de obra pública; sugirió adoptar una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.
También planteó la necesidad de adecuar o complementar, según corresponda, algunos artículos de la legislación penal, de tal manera que incluyan determinados elementos de los actos de corrupción; y urgió a «adoptar prontamente» una nueva ley de subrogaciones para cubrir las eventuales vacantes de los jueces.