La ex presidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a juicio oral, junto a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, en la causa por las operaciones de dólar futuro.

Están procesados por «administración fraudulenta» a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno.

El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la investigación, envió la causa a sorteo y quedó designado para el juicio el Tribunal Oral Federal 1, a cargo de José Michilini, Adrián Grunberg y un tercer miembro surbrogante a designarse, de acuerdo con el procedimiento que se realiza en la Cámara Federal de Casación Penal.

Este debate oral se convertirá en el primero que enfrentará la ex mandataria, quien ya fue indagada por Bonadio en otra pesquisa por la sociedad familiar «Los Sauces» y se encuentra procesada también por supuesta asociación ilícita en una causa a cargo del juez Julián Ercolini, que investiga el direccionamiento de las obras públicas en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Junto a Cristina Kirchner fueron enviados a juicio oral otros 14 procesados, como Kicillof, Vanoli y directivos del Banco Central, entre ellos Pedro Biscay, por un fraude que -según la Justicia- provocó un perjuicio a las arcas del Estado del orden de los 55.000 millones de pesos.

Todos serán enjuiciados como coautores del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», figura para la que se prevén penas de hasta seis años de prisión.

Bonadío los había procesado en un fallo confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, que dejó firme además el máximo tribunal penal del país, Casación Penal.

«Los hechos resultan claros, precisos y circunstanciados», sostuvo ahora el juez al repasar el dictamen acusatorio del fiscal federal de caso, Eduardo Taiano.

El juez entendió que «existen los presupuestos que justifican la realización de un juicio» y criticó a las defensas que se opusieron, en planteos que desestimó.

«Los escritos de las defensas que se opusieron al juicio no lograron conmover los argumentos», argumentó el magistrado, quien además señaló que «resulta paradójico que, quienes debieran ser los más interesados en que este proceso avance y se acerque al momento en que se encuentre en condiciones de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin a la incertidumbre», se opongan a que la causa pase a la instancia oral.

No fue así el caso de la ex presidenta y de Kicillof, cuyas defensas no apelaron el procesamiento en ninguna instancia y proclamaron su deseo de ir pronto a juicio.

Además de la ex presidenta, Kicillof y Vanoli, serán juzgados en este proceso oral y público los ex vicepresidentes del Banco Central Miguel Pesce y Sebastián Aguilera, los ex directores Juan Cuattromo, Alejandro Formento, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Bárbara Domatto Conti y Flavia Marrodan y el actual Pedro Biscay.

También se sentarán al banquillo los ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores Cristián Girard, David Jacoby y Guillermo Paván

La investigación por la venta de dólar futuro en el final del gobierno de la ex Presidenta se abrió a raíz de una denuncia presentada por los diputados oficialistas Mario Negri y Federico Pinedo.

En la causa se investigó la operatoria en base a la cual se hicieron ventas de dólar en el mercado a futuro cuando regía un cepo cambiario, por lo cual la moneda se ofreció a un valor mucho menor al real.

Al procesar a los acusados, Bonadío remarcó que el Banco Central dispuso la venta del dólar en el mercado a futuro a valor oficial de 10 pesos, cuando el «blue» en ese momento cotizaba en unos 15 pesos.

El Estado pagó en julio del año pasado contratos firmados en noviembre del 2015 y tuvo que hacerlo al valor posterior de la devaluación.

«Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5.000 millones de dólares a 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional», remarcó el juez en el procesamiento.

Además del procesamiento que pesa en su contra en esta causa, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra bajo la misma condición en otra causa penal por la adjudicación direccionada de obra pública en Santa Cruz a los empresarios Lázaro Báez -actualmente detenido por lavado de dinero- y Cristóbal López.

También es investigada en la denuncia de supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA del fallecido fiscal Alberto Nisman, y el juez Bonadio ya la indagó junto a sus hijos Máximo y Florencia en la causa por el alquiler de propiedades de la sociedad «Los Sauces», que les pertenece, a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno.

La causa por la venta de dólar futuro le significó a la ex Presidenta su primera citación a declaración indagatoria y posterior procesamiento el 13 de mayo del año pasado con un embargo de 15 millones de pesos que ella se negó a cumplimentar. Esa decisión derivó en un embargo en su contra ordenado por Bonadio.