El Gobierno nacional avanzó con una controvertida modificación en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que golpea de lleno a las empresas argentinas para abrirle la puerta de par en par a las multinacionales. A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, el Ejecutivo eliminó la exigencia de que una firma tenga mayoría de capital nacional para ser reconocida como proveedora local. Con este cambio de reglas, cualquier filial radicada en territorio argentino de un grupo chileno, chino, canadiense, estadounidense, peruano o europeo podrá competir en igualdad de condiciones por los millonarios contratos de suministro en minería, energía e infraestructura, dejando desprotegida a la industria nacional frente a competidores con mayor escala financiera y tecnológica.

Hasta el dictado de esta normativa, la reglamentación establecía dos filtros claros para acceder a la categoría de abastecedor local: estar constituido y domiciliado en la Argentina, y demostrar que al menos el 51% del capital social o de los votos controlantes estuvieran en manos de personas o sociedades con domicilio fiscal en el país. El nuevo texto borró de un plumazo ese segundo requisito al determinar que el carácter local se definirá únicamente por la constitución y el domicilio de la compañía, «sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social». La decisión cayó como un balde de agua fría entre los referentes industriales y fabricantes locales, quienes no dudaron en calificar la medida como una «pésima noticia» y advirtieron sin rodeos que «desaparece la categoría de proveedor argentino».

En los hechos, la reforma vacía de contenido el cupo de protección que preveía el esquema original para las pymes y firmas nacionales. Si bien el RIGI mantiene la obligación de que los grandes proyectos destinen al menos el 20% de su inversión en bienes y obras a proveedores locales —siempre que exista oferta competitiva en precio, calidad y plazos—, ese porcentaje ahora podrá cubrirse contratando directamente a subsidiarias de corporaciones extranjeras. El impacto será masivo en emprendimientos estratégicos como los proyectos de cobre Vicuña y Los Azules en San Juan, Agua Rica en Catamarca, el desarrollo de litio Rincón en Salta, además de las obras de gasoductos, oleoductos, parques eléctricos y desarrollos petroleros en Vaca Muerta, donde se demandarán desde campamentos y caminos hasta equipos de trituración, explosivos, bombas e ingeniería pesada.

Desde la Casa Rosada justificaron el giro argumentando que la estructura accionaria no debe funcionar como una traba para sumar oferentes a las cadenas de valor, pero en el sector productivo crece el malestar porque la mera radicación formal no asegura fabricación, empleo ni valor agregado en el país. El reclamo ya había quedado expuesto a fines de octubre durante la ronda de negocios realizada en Rosario, que convocó a 1.800 compañías y 43 proyectos compradores. Además, la flexibilización nacional choca con las normativas de provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja, que cuentan con registros propios para priorizar el empleo, la antigüedad y la facturación en cada jurisdicción.